El área metropolitana de Barcelona vive un problema creciente que parece ignorarse desde los despachos municipales: la inseguridad ciudadana. Barcelona, L’Hospitalet, Cornellà y muchas otras ciudades gobernadas por el PSC registran un aumento de robos, agresiones y delitos menores que inquieta a vecinos y comerciantes, mientras los responsables políticos parecen más preocupados por desmentir la realidad que por afrontarla.
La manifestación celebrada el pasado jueves en L’Hospitalet de Llobregat, que convocó a más de tres mil vecinos de esta ciudad y de Esplugues – también gobernada por el PSC – hartos de la inactividad de los gobiernos municipales socialistas es un serio toque de atención por el gran hartazgo de muchos ciudadanos atemorizados por la impunidad de los delincuentes.
Los alcaldes socialistas, entre ellos Jaume Collboni en Barcelona y David Quirós en L’Hospitalet, han minimizado la gravedad de la situación. Sus discursos se centran en negar el aumento de la delincuencia y atribuir la preocupación de la ciudadanía a “bulos de la extrema derecha” o a una simple “sensación de inseguridad”.
Palabras que chocan con la realidad diaria que viven los ciudadanos al salir a la calle. Quirós llegó al extremo de usar a las asociaciones que controla para descalificar a los vecinos que llevan meses protestando, acusándoles de dejarse manipular por los «bulos» y la «extrema derecha». Y Collboni se mantiene impasible mientras barrios como la Verneda, Sant Antoni o el Raval caen por la pendiente de la inseguridad.
La desconexión entre gobierno y vecinos es palpable. Mientras los ladrones y agresores actúan con creciente impunidad, los alcaldes socialistas parecen más interesados en proteger la imagen política de su partido que en reforzar la seguridad. El resultado es un área metropolitana donde muchos ciudadanos ya no se sienten seguros ni en sus propios barrios. Ni en el Metro, dado que paradas como Torrassa, Clot, Verneda, Bellvitge o Santa Eulàlia son escenarios de peleas y delitos de todo tipo.
La crítica no es solo política, sino práctica. La falta de medidas efectivas —más presencia policial en las calles, patrullas nocturnas, coordinación con Mossos d’Esquadra y programas preventivos— evidencia una incapacidad para escuchar a quienes sufren la delincuencia día a día. Negar la realidad no solo es irresponsable, sino peligroso.
Además, la retórica utilizada por algunos dirigentes socialistas para descalificar las preocupaciones vecinales agrava la desconfianza. Hablar de “sensación” cuando se trata de delitos constatables, o de “bulos” cuando los vecinos aportan datos y testimonios reales, contribuye a un distanciamiento entre gobierno y ciudadanía que resulta difícil de reparar.
El área metropolitana no puede permitirse que la seguridad siga siendo una víctima de la política partidista. Los ciudadanos exigen soluciones concretas y alcaldes capaces de actuar frente al delito, no discursos que relativizan su miedo y su preocupación. Mientras Collboni, Quirós y otros sigan mirando hacia otro lado, la impunidad seguirá creciendo y la confianza de los vecinos se seguirá erosionando.
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