Collboni e Illa, impotentes ante la batalla campal entre okupas en el Poblenou

Sigue el deterioro constante del barrio de Poblenou, en Barcelona, ante la inacción del alcalde Jaume Collboni ante la delincuencia y las ocupaciones ilegales. El último ejemplo se ha vivido en el barrio de Provençals, en el que unos okupas que se han instalado a vivir en unas casas en la antigua fábrica de La Escocesa, en la calle Pere IV con la calle Provençals, se han convertido en un grave problema de convivencia para los vecinos.

El digital ‘El Caso’ ha relatado que los okupas son dos grupos de senegaleses y argelinos, que están enfrentados entre ellos y que en los últimos días han protagonizado dos batallas campales con varios heridos. La madrugada del domingo hubo una pelea multitudinaria entre ambos colectivos, que motivó la presencia de agentes de la Guardia Urbana y de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra.

Las dos bandas se han peleado a pedradas entre ellos, pero no se ha producido ninguna detención. Estos mismos hechos se vivieron dos días antes, que provocó el consiguiente dispositivo policial. Ni el Ayuntamiento, ni la Generalitat, han sido capaces de controlar una situación que amenaza con nuevas peleas que dan miedo y preocupan a los vecinos.

Y es que Barcelona sigue presentando centenares de ocupaciones ilegales que están generando un profundo malestar entre los vecinos y un creciente sentimiento de indefensión. En numerosos barrios, desde Nou Barris hasta el Eixample, las viviendas okupadas se han convertido en focos de inseguridad, conflictos y degradación del entorno.

Sin embargo, la respuesta institucional brilla por su ausencia. Ni el alcalde Jaume Collboni ni el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han tomado medidas efectivas para frenar un fenómeno que amenaza la convivencia y el derecho a la propiedad. La inacción del Ayuntamiento y del Govern se traduce en un panorama de impunidad que desespera a los ciudadanos.

Las mafias de la okupación actúan con total libertad, lucrándose del alquiler ilegal de pisos ocupados o extorsionando a los propietarios. Los vecinos, por su parte, viven con miedo a denunciar por temor a represalias. En algunos casos, las comunidades se han visto obligadas a instalar cámaras de seguridad o reforzar puertas ante la pasividad de las autoridades, que siguen sin ofrecer una respuesta contundente.

Collboni, más preocupado por mantener la imagen de una ciudad “abierta y progresista”, evita abordar el problema con la firmeza que reclaman los barceloneses. Su equipo insiste en tratar la okupación como una cuestión social, ignorando que buena parte de los casos están vinculados a actividades delictivas, desde el tráfico de drogas hasta el robo y la violencia. El resultado es un Ayuntamiento paralizado, incapaz de proteger a los vecinos honestos que pagan sus impuestos y ven cómo sus barrios se deterioran día tras día.

Por su parte, Salvador Illa mantiene un perfil bajo ante el aumento de la inseguridad urbana. Su Govern, centrado en el discurso de la “convivencia”, tampoco ha impulsado ninguna iniciativa legal o policial de calado para revertir la situación. Mientras tanto, los Mossos d’Esquadra se ven maniatados por una normativa que protege más a los okupas que a las víctimas. La sensación general es que las instituciones miran hacia otro lado, temerosas de ser acusadas de falta de sensibilidad social.

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