La Resistencia al secesionismo catalán está indignada con la posibilidad de que el Gobierno de España indulte a los golpistas separatistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo. La junta directiva de Sociedad Catalana, en un comunicado, «reiteró» su «petición al Gobierno de España que, tras los trámites correspondientes, deniegue los indultos a los políticos separatistas condenados, defienda la legalidad y la Constitución también en Cataluña y mantenga la reprobación penal por unos hechos que llenaron de angustia a millones de ciudadanos y provocaron un grave perjuicio a nuestra vida política, económica, social y personal».
En declaraciones a elCatalán, Yeray Mellado, presidente de S’ha Acabat!, muestra su oposición a esta posible medida del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez: «Me parece indigno lo que está haciendo el Gobierno de España dejando la puerta abierta a aprobar unos indultos a unos señores que nos han hecho la vida imposible a la mitad de Cataluña. No puede ser que se indulte a quienes han roto la convivencia entre catalanes. Esto no es un indulto, es un insulto a la sociedad catalana, a toda España y a todos los constitucionalistas que nos partimos la cara por la libertad de Cataluña».
La asociación Impulso Ciudadano ha hecho público un comunicado en el que asegura que «los indultos en nada ayudarían a normalizar la convivencia en Cataluña mediante el respeto a la ley y el diálogo franco entre catalanes. Por el contrario, ratificarían a los nacionalistas en que es posible quebrar la ley y vulnerar los derechos de los ciudadanos impunemente». Y «exige al Gobierno que se atenga al informe emitido por el Tribunal Supremo y deniegue los indultos solicitados».
Uno de los grupos históricos de la Resistencia al separatismo, la Asociación por la Tolerancia, también se posiciona contra los indultos. Carlos Basté, su presidente, ha asegurado a este medio que esta entidad «se opone radicalmente al indulto o la amnistía. Pedro Sánchez trata de ocultar con bellas palabras como convivencia o generosidad lo que, en realidad, es tacticismo para mantenerse en el poder, complicidad con quienes no se arrepienten de querer destruir la nación española y traición a los españoles y, especialmente, a los catalanes que nos opusimos al golpe y nos posicionamos por la Constitución».
Berta Romera, vicepresidenta de la Asociación Cataluña por España, va en la misma línea y ha afirmado a elCatalán.es que si los indultos «se materializaran sería una prueba inequívoca de la impunidad de los políticos presos frente a las leyes, lo que equivale a decir que los derechos no son iguales para todos. Pedro Sánchez opone concordia a revancha cuando intenta justificar los indultos y la actuación de los presos del Procés que han dividido Cataluña, han atentado contra la unidad de España y han desobedecido a los tribunales. Si consiguieran el indulto pedirían todavía más prebendas y los conflictos aumentarían».
Politeia es una asociación, nacida en Cataluña pero que ha dado el salto a nivel nacional, que reúne a agentes de policía de los principales cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional, Guardia Civil o Mossos. Su presidente, David Hernández, en declaraciones a este medio se muestra muy crítico con la posibilidad que se pueda dar medidas de gracia a los presos separatistas: «Opino que es una vergüenza que se les ‘premie’ con un indulto que solo tiene finalidad política. No existe ningún indicador de arrepentimiento, al contrario. Su estancia en prisión ha sido similar a la de un hotel, con visitas constantes y se les han otorgado beneficios penitenciarios continuamente. Se ha generado un agravio comparativo brutal con el resto de presos. Incluso han tenido permisos penitenciarios que la fiscalía y los jueces han tenido que revocar porque no se daban las condiciones. Abusando del control político del sistema penitenciario en la comunidad autónoma y que ahora se le ha regalado a la comunidad autónoma vasca para que ejerzan la misma discriminación político-ideológica entre los presos».
Y añade que «es un escándalo constitucional basado en peajes políticos que no se sostiene jurídica ni moralmente. Han sido presos privilegiados hasta el abuso e incluso han participado en campañas electorales y actos públicos: reiterando que lo volverán a hacer y que no se arrepienten. En España, por lo visto, no se aprende de la historia propia y de la europea. Esto es una puerta abierta a la reiteración de los hechos con la tranquilidad de una estancia plácida en prisión si no consiguen sus objetivos. Los principios constitucionales de resocialización y reinserción social ni se han cumplido ni se cumplen porque estos políticos se jactan de sus beneficios penitenciarios y reiteran que lo volverán a hacer».
Hernández pone énfasis que esta situación se da «ante el estupor y lógico enfado de cualquier otro preso que no sea de los elegidos para la gloria independentista. Los demás presos tienen una legislación y controles severos además de dificultades para optar al indulto, lo que genera una imagen socios de corrupción política del sistema penitenciario. Una auténtica metástasis de la política penitenciaria y de la figura del indulto que va a ser pervertida para los únicos fines partidistas del Gobierno de la nación PSOE-PODEMOS y del gobierno autonómico. Una decisión puramente política, moralmente perversa y jurídicamente injustificable. Una decisión que evidenciará que el poder político es omnímodo y que la soberanía nacional no reside en el pueblo español sino en los partidos políticos en el poder».
El presidente de la plataforma Cataluña Suma por España, Javier Megino, también es muy claro en este tema en declaraciones a elCatalán.es: «Nuestra posición es totalmente contraria a los posibles indultos que se barajan. Se trata de una nueva demostración de sumisión, haciendo evidente la necesidad del presidente del Gobierno de contentar a los que le han permitido acceder y mantenerse en Moncloa. Un nuevo ejemplo, especialmente grave y que la sociedad no olvidará, de mentiras e incumplimientos por parte del presidente Sánchez y su Consejo de Ministros, pasando de pedir el cumplimiento íntegro de las penas a excusar su comportamiento en la necesidad de una concordia inaceptable, partiendo de la base que ellos mismos reiteran que no hay arrepentimiento y dicen convencidos que lo volverán a intentar».
«La posible intromisión en la independencia del poder judicial, para que su dictamen sea acorde a la requerida pleitesía al separatismo, o la simple posibilidad de insumisión a los fallos judiciales en dicho sentido, demuestran la clase y nivel de nuestros políticos que, muy lejos de entender las necesidades reales de la sociedad española, solo actúan con el ánimo de seguir anclados en un poder que les queda muy grande», argumenta Megino.
Y concluye que «en nuestra opinión, la concordia, paz social y entendimiento está muy lejos de lo que supone la aplicabilidad del indulto para un caso que, a nuestro entender y con los riesgos que supuso, además de la fractura social que el violento separatismo ha impuesto en Cataluña, merecería un final diametralmente opuesto a la opción de ser indultados. A este paso, si los amos se lo piden, este Gobierno acabará pidiendo perdón a los inductores del golpismo catalán. Para nosotros, resuena el eco de las magníficas y clarificadoras palabras de nuestro Jefe del Estado, el día 3 de octubre. No se trata de revanchismo o venganza, se trata de creer en la legalidad y en España».
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