La localidad de Palamós, en la provincia de Gerona, se ha convertido en el enésimo ejemplo del fracaso de las políticas de seguridad del actual Govern. Los vecinos y comerciantes asisten con estupor a un sistema judicial que parece diseñado para proteger al infractor antes que a la víctima. Un delincuente con 59 antecedentes policiales ha vuelto a las calles tras su última detención.
Este individuo, tal y cómo ha denunciado el digital ‘El Caso’, fue arrestado recientemente por los Mossos d’Esquadra tras asaltar una cafetería, una panadería y un supermercado. A pesar de su extenso historial y de haber sido interceptado casi sesenta veces, el juez ha decretado su libertad inmediata.
La sensación de impunidad es absoluta en las calles de Gerona mientras la Consejería de Interior mira hacia otro lado. El frente común formado por el Ayuntamiento y los comerciantes locales reclama una actuación judicial efectiva contra la multirreincidencia.
El problema no es la vigilancia, sino el colapso y la falta de recursos en el juzgado. La desidia del Gobierno central en la gestión de la seguridad ciudadana alimenta una alarma social creciente en los municipios catalanes. Mientras los políticos se pierden en retórica, los pequeños negocios tienen que vigilar sus puertas tras ser forzadas por criminales habituales.
La falta de medios en la justicia permite que estos sujetos generen graves problemas de convivencia de forma sistemática. El dinero público se malgasta en un círculo vicioso de detenciones y puestas en libertad que no soluciona nada. Palamós es hoy el símbolo de una Cataluña que exige orden frente al caos que permiten las políticas de izquierdas. La indignación en Palamós es el reflejo de un país harto de que la política de despacho no entienda la realidad de la calle. Sin justicia rápida y recursos reales, el esfuerzo de los agentes de policía seguirá siendo un gasto inútil.
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