Barcelona vuelve a sufrir las consecuencias de una gestión municipal blanda y errática. Las entidades vecinales y de comerciantes del barrio de Sant Antoni han dicho basta ante la degradación de sus calles. El hartazgo ciudadano ha cristalizado en un ultimátum directo contra la parálisis que caracteriza a los distritos controlados por el PSC.
El foco del conflicto se sitúa en el mercado ilegal que asfixia la convivencia en los límites de ambos distritos. Los vecinos han concedido un plazo máximo de quince días para que el Ayuntamiento erradique la venta ambulante. Se trata de una medida desesperada ante la evidente falta de autoridad en el espacio público.
Si el consistorio no actúa de inmediato, las movilizaciones tomarán las calles barcelonesas. Los colectivos vecinales han dejado claro que no aceptarán más promesas vacías ni parches temporales. La paciencia de quienes pagan sus impuestos y cumplen las ordenanzas se ha agotado definitivamente.
La crítica hacia la estrategia de seguridad del equipo de Jaume Collboni es demoledora. Los vecinos sostienen que el envío puntual de patrullas de la Guardia Urbana es una medida cosmética. Es la política del escaparate: los agentes llegan, los vendedores se retiran y el problema regresa en cuestión de minutos.
Esta ineficacia policial no es culpa de los agentes, sino de una dirección política que evita el conflicto. El PSC parece cómodo en una ambigüedad que permite que el espacio público sea secuestrado por actividades ilegales. Mientras tanto, el comercio local, asfixiado a impuestos, observa con impotencia la competencia desleal.
La exigencia ciudadana es cristalina: una unidad permanente de agentes en la zona de conflicto. Solo la presencia continua de la autoridad puede evitar que el mercadillo se instale de forma sistemática. Sin vigilancia fija, el efecto disuasorio es nulo y la impunidad, absoluta.
El reloj ha empezado a contar para el gobierno municipal de Jaume Collboni. Dos semanas separan el silencio administrativo de un estallido de protestas vecinales en el corazón de la ciudad. El PSC ya no puede escudarse en herencias recibidas para justificar su propia inacción.
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