Raül Romeva ha vuelto a la carga con el mantra de la persecución lingüística, esta vez señalando a ‘MediaMarkt’ en un vídeo que ha colgado en su Instagram. El dirigente secesionista denuncia una supuesta vulneración de derechos porque un trabajador le recordó que «estamos en España» ante la exigencia de ser atendido en catalán. Este nuevo episodio de señalamiento busca imponer la lengua propia por encima de la libertad individual de los trabajadores en Cataluña.
Romeva utiliza sus redes para amplificar una queja que solo busca amedrentar a las empresas que operan en territorio nacional. Para el secesionismo, que un empleado hable castellano en una multinacional alemana es motivo suficiente para iniciar una campaña de señalamiento digital.
La obsesión de Romeva por la lengua demuestra que el secesionismo no busca la convivencia, sino la sumisión total. Se olvidan de que el castellano es lengua oficial y mayoritaria de todos los catalanes, les guste o no. Estos desplantes a las empresas solo consiguen proyectar una imagen de intolerancia que ahuyenta la inversión en la comunidad.
Junts, la CUP y ERC parecen empeñados en convertir a Cataluña en un gueto lingüístico donde el sentido común ha sido desterrado. El Gobierno del PSOE en Madrid, por su parte, prefiere no intervenir para no poner en riesgo sus pactos parlamentarios.
El trabajador de MediaMarkt solo expresó una realidad jurídica y social incontestable al mencionar que España es el marco de convivencia común. Sin embargo, para el radicalismo secesionista, la verdad es una provocación que debe ser castigada con la denuncia pública. Es el mundo al revés: el cliente se convierte en comisario político y el trabajador en víctima del sistema.
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