La Fira de Barcelona es un instrumento importante para mejorar la proyección económica de Cataluña, por su importancia a nivel nacional e internacional. El relevo de Josep Lluis Bonet en la presidencia del Consejo de Administración de Fira está siendo lento y más complicado de lo esperado. Es importante, para que no se produzcan destrozos en esta institución, consenso entre las instituciones patronas de la entidad: la Cambra de Comerç de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona.
La Fira es, ante todo, un escaparte empresarial, y el dinero quiere estabilidad y las menos injerencias políticas posibles. De ahí la importancia de que haya dejado de sonar como candidato Miquel Martí, actual consejero de Fira, presidente de Moventia y miembro del lobi Femcat, uno de los “brazos armados” del secesionismo en el mundo empresarial catalán.
Esta buena noticia ha de servir para conseguir un candidato de consenso, con visión empresarial y que no use la Fira como un elemento más de agitación del proceso secesionista. Si se cayera en ese error las consecuencias económicas para la economía catalana podrían ser considerables. Lo que funciona bien, mejor no tocarlo. Fira ha estado al margen de la política y es una institución de éxito. Bonet, que se ha significado en su defensa del constitucionalismo en Cataluña, no la ha utilizado para sus ideas políticas. Qué siga así por el bien de esta institución.
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ElCatalán.es ha iniciado una campaña de crowdfunding para editar un libro dedicado a analizar y denunciar el adoctrinamiento escolar en los centros educativos en Cataluña. Los interesados en ayudar económicamente para poder sacar adelante este proyecto pueden hacerlo en este enlace.
Los partidos secesionistas han decidido que las escuelas catalanas no han de ser centros de educación, sino de adoctrinamiento escolar, en el que crear futuros votantes de la República catalana que ansían crear. Para eso no dudan en intentar utilizar las aulas para sus fines.
Este libro hablará con profesores, padres de alumnos y miembros de entidades cívicas constitucionalistas para denunciar la manipulación de la Generalitat en el ámbito escolar.
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