España sentenciada, pero no vencida

Presento aquí un extracto de la introducción a mi libro ‘España sentenciada, pero no vencida’, que aparecerá dentro de una semana:

Nace este libro de la gran decepción que me produjo, a mí y a millones de españoles, la Sentencia número 459/2019 del 14 de octubre de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), por la que, después de cuatro meses de sesiones de juicio oral, fueron condenados algunos de los cabecillas del golpe de Estado y de la insurrección llevada a cabo en Cataluña en los meses de septiembre y octubre del 2017. Dado que el poder judicial es el último bastión que se necesita socavar para que se produzca un cambio de régimen político, nada más importante que analizar qué ha pasado en España para que la máxima expresión del poder judicial haya dictado una sentencia que ha supuesto, como veremos, un grave debilitamiento del orden político establecido en nuestra Constitución, que asegura la convivencia entre todos los españoles. Demostrar hasta qué punto esta sentencia revela la grave situación en que España, como nación y estado democrático, se encuentra, es el objetivo inicial de este trabajo. Pero dado que este hecho no ha sido un accidente aislado, sino el resultado de un largo proceso de renuncias, prevaricaciones, componendas, cesiones, amenazas, claudicaciones y traiciones de todo tipo, en las cuales siempre ha tenido un papel determinante la actitud de los jueces y sus sentencias, será necesario llevar a cabo un recorrido histórico por los hechos más relevantes ocurridos en Cataluña en los últimos cuarenta años, y que siempre han tenido, como soporte y justificación últimas, las sentencias judiciales y su particular interpretación de las leyes, pero también la inhibición y la incapacidad para hacerlas cumplir de los propios jueces y tribunales.

Hemos de remontarnos a la llegada de Jordi Pujol al poder y a su proyecto totalitario de «construcción nacional» (base de lo que luego se llamó el procés), que provocó el primer acto de denuncia y resistencia, conocido como el Manifiesto de los 2.300, allá por el año 1981, del que fui su redactor y uno de sus impulsores. Hablamos de los albores de nuestra democracia. Desde entonces hasta hoy, año 2021, se han ido sucediendo hechos decisivos que siempre han tenido, en última instancia, al poder judicial como factor clave y sin cuya «colaboración» no hubieran sido posibles. Esta es la tesis que queremos demostrar. Hasta qué punto los demás factores (luchas y reparto del poder, crisis económica, sentimiento supremacista, odio y rencor antiespañol, ingeniería mental y sentimental, ocultamiento de la corrupción, influencia extranjera, ideologías destructivas, debilidad de las élites nacionales, etc.); hasta qué punto este cúmulo de elementos no hubiera dado lugar al actual entramado de poder y dinero que amenaza la propia existencia y continuidad de España, sin el soporte judicial, sin la ambigüedad de las leyes y su interpretación cada vez más abiertamente favorable a los proyectos disgregadores del nacionalismo separatista.

Los jueces han estado siempre en el centro de todo cuanto ha sucedido. Silencio, cobardía, claudicación, colaboración, oposición, resistencia, valentía. Ha habido de todo, pero lo que aquí nos interesa destacar es la sutil línea de continuidad que encontramos durante este ciclo histórico: por un lado, el avance de las posiciones secesionistas y el afianzamiento de un poder paralelo, el del nacional-separatismo; por otro, el retroceso y debilitamiento del poder del Estado democrático. Porque desde el inicio (que se remonta a la muerte de Franco), lo que ha habido es un choque entre fuerzas y poderes antagónicos y esencialmente incompatibles, con independencia de que hayan llegado a acuerdos, estrategias conjuntas de poder, cambalaches y apaños que han favorecido, según las circunstancias, a unos o a otros. Lo importante es observar que esa línea de continuidad señala un avance imparable e ininterrumpido de las fuerzas separatistas, al margen del color político y la mayor o menor intensidad con que se han ido produciendo las sucesivas conquistas del independentismo en los distintos ámbitos: el educativo, el fiscal, el económico, el de las competencias, la lengua, el espacio público, el de los medios, las estructuras de estado o el control del poder  judicial.

Debo hacer una aclaración inicial. Para quienes desde un principio quieran descalificar cuanto aquí expongo, razono y denuncio, esgrimiendo el argumento de que, no siendo yo ni abogado ni jurista, me meto en camisón de once varas (sin duda me queda muy grande la toga, el birrete y las puñetas), les diré que no pretendo en modo alguno inmiscuirme en el terreno pantanoso del Derecho público, ni discutir sobre leyes y procedimientos, técnicas ni tecnicismos, reglas y reglamentos, ordenamientos y ordenanzas. Me amparo en el principio elemental de que las leyes (y las sentencias que las aplican) están hechas para los ciudadanos, y no pueden ser tan obtusas o complicadas como para que la mayoría, no sólo las entienda, sino que pueda valorarlas, al menos para aceptarlas y exigir su cumplimiento. Las leyes y su aplicación son un asunto demasiado importante como para dejarlo sólo en manos de los jueces. Por muy alambicado, arcaico o retórico que sea el lenguaje del Derecho, debe basarse en el lenguaje común, del que en último término se nutre y con el que trabaja. Usarlo como barrera para protegerse de la opinión, valoración y crítica de los ciudadanos va en contra de la función misma de la justicia.

Porque las leyes y sentencias no son meros instrumentos del derecho: su aplicación afecta directamente a los ciudadanos, condiciona la vida social, política y económica, tiene consecuencias inmediatas en la conducta, no sólo de los poderes públicos, sino de todos los ciudadanos. Vivimos en estrecha relación, todos dependemos de todos y nada de lo que los jueces dicten nos es ajeno, y más, como en el caso que nos ocupa, cuando sus sentencias tienen que ver con las bases mismas de la convivencia, del orden económico y político, de las relaciones sociales a todos los niveles. Bastará recordar cómo el independentismo ha creado todo tipo de tensiones y enfrentamientos, dentro y fuera de Cataluña, llegando al interior de las mismas familias, extendiéndose por las calles, los colegios, las universidades o el deporte, por no hablar de las consecuencias económicas que ha provocado. Todo este empeoramiento de las relaciones veremos que ha ido creciendo a medida que el poder político y judicial iba plegándose a las exigencias de los separatistas, dictando sentencias más o menos acomodaticias, forzando muchas veces la legalidad hasta límites inadmisibles.

El título de España sentenciada pretende llamar la atención sobre el riesgo real (nada imaginario ni lejano) de que la Nación y el Estado español sencillamente desaparezcan como desapareció Yugoslavia, por poner un ejemplo cercano y reciente. Esta afirmación será tachada por algunos (no sé si a estas alturas seguirán siendo pocos o muchos) de tremendista, apocalíptica o derrotista. Bastaría decir que esta posibilidad es real y cercana para no ponerle más adjetivos. Lo que este libro sostiene es que, lejos de dar por acabada la contienda, la lucha o el enfrentamiento, hemos llegado a un momento decisivo donde ya no valdrán para nada los cantos de sirena de los equidistantes, de los federalistas, confederalistas o plurinacionalistas de todo tipo y pelaje; porque el dilema no será cómo hacer o no un apaño constitucional para el «encaje» (de bolillos) de Cataluña en España, sino el aceptar o no la propia desaparición de España como Estado único y unificado.

Digo que hemos entrado en un periodo decisivo de crisis nacional de la que no podremos salir si no nos paramos ante el abismo, si no nos atrevemos a mirar hacia el fondo de ese precipicio con valentía, o sea, si no encaramos el reto independentista como lo que es: una lucha que sólo podrá acabar o con la desaparición de España como nación y estado democrático, o con la derrota del separatismo y el triunfo de una España democrática y sin complejos.

Sentenciada no significa, por tanto, ni derrotada ni vencida. Son las élites privilegiadas, las oligarquías nacionalistas, los supremacistas; son los partidos reaccionarios de la izquierda y los partidos reaccionarios y apocados de la derecha, la burguesía sin patria y antiespañola; son todos los que viven de difundir el odio y la mentira, los intelectuales «orgánicos», los jueces claudicantes, los profesionales acomodados; son los miles de colaboradores necesarios, todos los que viven del proceso independentista. Son todos ellos los que han sentenciado a España y preparan el golpe definitivo. Unos lo anuncian, otros lo aplauden y esperan, otros lo aceptan como inevitable. Sí, son legión, tienen un gran poder, pero no son la mayoría. La inmensa mayoría no estamos de su lado. De esto también trata este libro: de los resistentes, de los que no estamos dispuestos a ser subyugados por el totalitarismo, la amenaza y la imposición secesionista. De los miles que nos hemos rebelado desde hace muchos años y de los millones de españoles que hoy no están dispuestos a sucumbir, a resignarse, a transigir y claudicar.

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