Con orden, mesura y proporcionalidad el Estado de Derecho se está haciendo notar en Cataluña. La espectacular incautación de más de 1,3 millones de carteles y folletos pro consulta ilegal por parte de la Guardia Civil, que no ha sido la única de los últimos días; la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía por el acto de campaña del Tarraco Arena en el que participaron Puigdemont, Junqueras y Forcadell; las comparecencias de diversos alcaldes que dan apoyo a la consulta ante la Fiscalía; el bloqueo de las webs informativas sobre la consulta son solo algunas pruebas que en España no hay impunidad.
El Estado de Derecho puede ser lento para la percepción de los ciudadanos más impacientes, pero las garantías democráticas funcionan y al final quien comete un delito ha de responder de sus actos. Aunque los cometan las más altas autoridades políticas de Cataluña que más pronto que tarde tendrán que explicar ante las autoridades judiciales el porqué de su desafío a las leyes de un país democrático, España, miembro del más selecto club de democracias del mundo, la Unión Europea.
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