Mi evaluación de la situación es la siguiente. España está siendo atacada tanto de dentro como desde fuera del país.
De hecho, es la propia construcción europea la que está en peligro.
El proyecto es criminal y sirve a intereses particulares. Es criminal porque se basa en el mega caso de corrupción del 3% del clan Pujol y el blanqueo de dinero que le siguió.
Criminal también porque se basa en la apropiación y desvío de fondos públicos de la Generalitat con fines propagandísticos. Esto se llama malversación. Y criminal porque se basa en la delincuencia, la promoción del odio y la violencia a través de los “Comités de defensa de la República”, los CDRs.
Todo esto está siendo impulsado por una fuerza policial de carácter político. Se trata de un determinado número de Mozos de Escuadra que ya no pueden ser calificados de policías, sino de desobedientes. Y para algunos, incluso se han convertido en delincuentes.
Criminal, por último, porque en 2017 se fomentó un golpe de Estado que quedó en un intento.
La fantasía del nacionalismo unida a un supremacismo que recuerda a los nazis que utilizaban el adoctrinamiento y la manipulación de las masas. El aparato separatista catalán es criminal. Atrevámonos a llamar a las cosas por su nombre. La historia nos ha demostrado más de una vez que el nivel político reacciona de forma tardía para que pueda ser eficaz ante la aparición de un peligro. La razón está a menudo ligada a la agenda, pero también a la falta de valor para ver las cosas como son. Para llamar a las cosas por su nombre.
En 2012, un aparato separatista que incluía, entre otros organismos, a la ANC, Ómnium Cultural, Diplocat y la Generalidad decidió librar una guerra de comunicación contra la democracia española y su pueblo, robando tanto a la autonomía catalana como a España en su conjunto. En 2012, quienes dijeron que el tiempo arreglaría las cosas son los mismos hombres y mujeres que lo habrían de repetir en 2015… ¡Y resulta que en 2017 estábamos asistiendo a un intento de golpe de Estado!
La respuesta debe venir de todos los españoles y, de entre ellos, también de los propios catalanes. ¿Cuánto tiempo más van a tolerar seguir siendo humillados? ¿Cuánto más que siga siendo profanada la tierra de sus ancestros? Las cifras están ahí para restablecer el Estado de Derecho. Véase:
-41 millones de españoles en el resto de España y 5,5 millones de catalanes que se sienten españoles en la autonomía catalana contra 2 millones de separatistas…
-83.000 españoles en Suiza frente a quizás 1.000 catalanes separatistas…
La respuesta debe ser la de una postura policial. Vigilar, investigar, analizar, y denunciar sistemáticamente dondequiera que los separatistas actúen ilegalmente ¡En la mayor parte de los casos se trata de eso!
Se trata de seguir el rastro del dinero y arrojar luz sobre la complicidad extranjera. ¡Hay muchos colaboradores! Estamos hablando de canales de televisión, periodistas, universidades, políticos y círculos culturales. Todos estos actores pierden su eficacia cuando son descubiertos y su compromiso separatista es revelado a la población.
En cuanto a los lugares geográficos, los lugares públicos y las redes sociales, no debe existir ningún entorno donde no se permita dirigirse a los catalanes que se sienten españoles. ¿A qué se está esperando para localizar a los separatistas que aparecen en Telegram, Twitter, Facebook, Berga, Vic, Gerona, Santpedor o los clubes Catalanes? En lugar de quedarnos en nuestro rincón, movilicémonos y ocupemos todos estos espacios públicos.
Falta un minuto para medianoche.
No hay nada que negociar con el aparato separatista catalán, que se reposa sobre un fantasma y que se basa exclusivamente en un proyecto criminal. Démosle una respuesta adecuada y firme; la de la ley y la justicia. Hemos de denunciarlos allá donde se encuentren. Y también todas sus acciones allá donde se produzcan.
François Meylan
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya.
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