España, ante la grave crisis sanitaria, económica y social provocada por el Coronavirus

He recibido un comunicado de dCIDE (Centro Izquierda de España) que vale la pena conocer. Presento aquí un resumen de su contenido.

El estado de emergencia pública que ha provocado el coronavirus ha desembocado en la peor crisis sanitaria, económica y social que ha vivido España desde la guerra civil. La incapacidad del Gobierno para enfrentarse de un modo eficaz y racional a la pandemia ha agravado la crisis hasta extremos que pueden llegar a ser aún más devastadores para la mayoría de la población.

            dCIDE, asumiendo su responsabilidad desde una posición crítica de izquierdas, quiere manifestar su preocupación por la gravedad del momento y dar a conocer las propuestas más urgentes para salir del estado actual e impedir una peligrosa degeneración de la vida pública y social.

El trágico azote de la pandemia, con sus miles de muertos, ha puesto de manifiesto no sólo la incompetencia de un Gobierno mastodóntico, populista y sectario, sino la falta de escrúpulos de algunos de sus miembros, que han mostrado estar más preocupados por su imagen y supervivencia política, que por el dolor de las víctimas y las gravísimas consecuencias humanas y económicas  de esta crisis .

Es urgente una recomposición de las fuerzas políticas de nuestro país que permita un cambio profundo y una nueva orientación de la acción política. Para ello es necesario que surja un movimiento social que obligue a la formación de un nuevo Gobierno capaz de enfrentarse con determinación y valentía a esta crisis, lo que exigirá más de una década de esfuerzos y sacrificios colectivos. Las fuerzas disgregadoras, separatistas y antidemocráticas aprovecharán el momento para intentar destruir el orden constitucional que asegura la unidad e igualdad entre todos los españoles. No podemos permitir el desmoronamiento de nuestra Nación ni la desaparición progresiva del Estado democrático que la sostiene.

Ante la crisis sanitaria

1) Realizar una valoración global y objetiva de los efectos humanos y sanitarios producidos hasta ahora por la pandemia, y preparar todos los medios necesarios para combatirla, lo que supone:

-Determinar el número real de fallecidos, dedicarles un reconocimiento nacional y un homenaje público y ofrecer una ayuda a aquellas personas o familias que se encuentren especialmente necesitadas como consecuencia de la pérdida de algún familiar.

-Establecer un sistema de detección temprana de las personas contagiadas para favorecer su aislamiento y tratamiento, y evitar la difusión del virus entre la población de riesgo. Para ello es imprescindible la realización de pruebas masivas.

-Reorganizar el sistema de atención sanitaria, preparar espacios adecuados en todos los hospitales, previsión y disposición de suficientes medios de protección para todo el personal sanitario.

2) Organizar un sistema nacional y único de producción y adquisición de material sanitario a partir de nuestra propia industria, nuestros laboratorios, científicos, médicos e investigadores, con el fin de evitar la dependencia de los mercados internacionales o de intereses contrarios a nuestra soberanía.

3) Valorar la gestión sanitaria de la crisis llevada a cabo por el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Para lo cual exigimos:

-Conocer quiénes han ido tomando en cada caso las últimas decisiones políticas relacionadas con la crisis, y las personas que han formado parte de los comités de expertos a los que ha aludido constantemente el Gobierno, la remuneración recibida y las pruebas de su trabajo (reuniones, informes).

-Recibir una información de los contratos de suministro de medicamentos y material sanitario, criterios de selección y cumplimiento de las normas de contratación y supervisión.

-Control parlamentario de todo lo relacionado con la crisis sanitaria y exigencia de dimisión de los máximos responsables en el caso de que se demuestren irregularidades, así como determinar las posibles responsabilidades penales relacionadas con la falta de medios de protección del personal sanitario y de las fuerzas de seguridad del Estado y de la falta de prevención y protección en las residencias de mayores.

4) Sustituir las medidas coercitivas y penales dirigidas a los ciudadanos, por la organización de un mejor control y protección de los espacios públicos y por una campaña de información clara y precisa que traslade y confíe en la responsabilidad de los ciudadanos.

5) Establecer un mecanismo permanente de coordinación y dirección nacional unificado de todos los servicios y sistemas sanitarios, suprimiendo aquellas competencias de las Autonomías que no aseguren la igualdad de todos los españoles.

6) Potenciar la investigación en el ámbito de la salud, a fin de poder enfrentarnos a ésta y a futuras pandemias con el apoyo imprescindible de la ciencia. Evitar, mediante la información científica y veraz, la desinformación y la propagación de bulos, mentiras y calumnias que favorezcan intereses partidistas y comerciales ajenos por completo a la salud y la protección de los ciudadanos.

7) Dado que la peligrosidad del virus está claramente centrada en una franja de edad que comienza a los 55-60 años, carece de sentido prolongar un estado de alarma que impida la incorporación al trabajo del resto de la población, tomando las medidas oportunas de protección.

Ante la crisis económica

La destrucción de millones de puestos de trabajo, el aumento del número de parados y desempleados, la desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas, la falta de inversión y el traslado de grandes empresas fuera de nuestro país, la depresión del sector turístico, etc. todo ello indica una grave crisis económica de dimensiones desconocidas. Es urgente reunir a los mejores expertos económicos, empresarios, profesionales y trabajadores directamente conocedores de la realidad productiva, económica y comercial, al margen de los partidos y sindicatos, verdaderamente independientes, con el fin de elaborar un plan urgente de reconstrucción nacional que abarque y coordine todos los sectores industriales y productivos. Un plan que dé confianza a inversores, empresarios y trabajadores. Esta plan tiene que basarse en tres pilares:

1) Un buen empleo del dinero público. En una época de recesión y depresión económica no se puede pretender aumentar la recaudación mediante una subida de impuestos, sean del tipo que sean, sino eliminando los que retraigan la actividad económica. El dinero público debe destinarse, en primer lugar, a atender a los más desfavorecidos y perjudicados por la crisis, y luego a estimular la actividad productiva.

2) Incentivar la inversión y la creación de grandes, pequeñas y medianas empresas de aquellos sectores con mayor proyección de futuro, eliminando o disminuyendo las retenciones del IRPF, pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades, exención de la cuota de autónomos, bonificaciones a la contratación, etc. El Estado ha de orientar y estimular la actividad económica y productiva, y suplir a la iniciativa privada en aquellos ámbitos estratégicos y necesarios para asegurar la cadena productiva y distributiva, o que sean imprescindibles para asegurar el bien común y la soberanía nacional.

3) Realizar una profunda reforma del Estado que suprima todo tipo de organismos, cargos y subvenciones no estrictamente necesarias para el buen funcionamiento de la administración y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado: sanidad, educación, pensiones, seguridad y defensa, infraestructuras, comunicaciones, investigación, medio ambiente. Eliminar todo gasto innecesario. Esta reforma afectará especialmente a las Autonomías y es absolutamente necesaria para reducir la deuda y el déficit público que han llegado a unos límites desorbitados que, de no reaccionar drásticamente, provocarán un colapso de las finanzas del Estado y la ruina y el empobrecimiento de la mayoría de la población durante un largo período.

Algunas de las propuestas concretas son:

Reducir a la mitad el número de vicepresidencias y ministerios, suprimir todas las direcciones, subdirecciones, cargos y asesores adscritos a ellos.

Cese de Pablo Iglesias como miembro del CNI y de la comisión de secretos oficiales por la inquietud y desconfianza que genera dentro y fuera de nuestro país.

Destitución del director del CIS, recorte del presupuesto y definición clara de las funciones del CIS. Nombramiento por consenso de una persona independiente sin vínculos directos con ningún partido.

Supresión de cualquier subvención a los medios de comunicación.

            –Destitución de la presidente de RTVE. Auditoria de las cuentas de TVE y aprobación de un plan de ahorro y control de los sueldos de sus directivos.

Supresión de todos los cargos políticos y de asesores que no se justifiquen como estrictamente necesarios.

-Prohibir que ningún cargo público de ninguna institución del Estado o de las Autonomías, cobre un sueldo mayor que el del presidente del Gobierno. Eliminar el cobro de sueldos y dietas cuando no se llevan a cabo las tareas que las justifican.

Suprimir el régimen especial de jubilación de los políticos y cargos públicos y su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social.

Supresión de todos los organismos públicos, semipúblicos y dependientes de las subvenciones del Estado que no se justifiquen como de absoluta necesidad.

Revisión de todas las subvenciones otorgadas por el Estado a todo tipo de organizaciones, incluidas las de los partidos, organizaciones empresariales y sindicales, ONGs, asociaciones culturales, deportivas, asistenciales, etc. Aplicar un estricto plan de ahorro y supresión de gran parte de estas ayudas y subvenciones por ser injustificadas en un momento de emergencia económica nacional.

Perseguir con determinación el fraude y la evasión fiscal, sobre todo de quienes, por su situación económica y de poder, tienen más posibilidades y medios para saltarse la ley.

-Diseñar un plan para eliminar la economía sumergida y el mercado de falsificaciones y propiciar su integración en una economía regulada que beneficie a los trabajadores que de ella dependen.

Reducir drásticamente el gasto público no relacionado con los servicios esenciales del Estado a los que nos hemos referido anteriormente.

-Dignificación de todos los profesionales de la salud y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aumentando y equiparando sus sueldos en toda España.

-Vigilancia especial y control de los gastos de la Generalidad de Cataluña para evitar que el dinero público siga yendo a parar a los impulsores del proceso independentista, a la creación de estructuras de Estado, el mantenimiento de embajadas y de medios de comunicación que propagan la ruptura del orden constitucional.

-Promover la producción y el consumo de bienes y productos nacionales que ayuden al mantenimiento de una industria, agricultura y ganadería, y aquellas empresas que han demostrado gran capacidad de innovación y exportación.

-Facilitar créditos rápidos y ayudas directas a aquellos empresarios y autónomos que lo necesiten para mantener su actividad económica y evitar el cierre de sus negocios y empresas.   

Ante la crisis social

No podemos banalizar el impacto social que la crisis sanitaria y económica ha producido y seguirá produciendo durante meses y años. Hablamos de sufrimiento, carencias básicas, degradación de las condiciones de vida, aumento de la depresión y los suicidios, marginación, conflictos familiares, destrucción del ahorro, inseguridad, imposibilidad de acceso al ocio y la cultura, pérdida de la vivienda, desnutrición o alimentación deficitaria, aumento de las enfermedades y de la pobreza extrema. Hemos de ponerle rostro humano a la crisis, pasar de los datos y gráficos para considerar la situación real de la vida de millones de españoles.

Cualquier ayuda del Estado ha de servir para que las personas recuperen su dignidad, no para que acepten una situación de dependencia. Por eso, tan importante como resolver las situaciones más urgentes, es reactivar la actividad económica, productiva y comercial para que cada uno pueda vivir dignamente de su trabajo. Lo uno debe ser inseparable de lo otro. El Estado debe asumir su plena responsabilidad para evitar todo tipo de abusos propiciados por la crisis y actuar con todos sus medios para ayudar a los más necesitados. Y como los recursos son limitados, debe ser muy riguroso en el control de las ayudas, los criterios y obligaciones de quienes las reciban para evitar duplicidades y engaños, controlar las ayudas de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas para que no se produzcan desigualdades injustificadas entre los ciudadanos. Algunas propuestas:

-Establecer criterios objetivos para determinar quiénes pueden recibir ayudas directas del Estado, su cuantía y condiciones, corrigiendo el actual descontrol y la disparidad de criterios y cantidades.

-Clarificar las condiciones para la aplicación de los ERTE, agilizar su pago y extender su aplicación durante todo el tiempo que sea necesario, al menos hasta el fin de este año.

-Establecer bonificaciones para la contratación de aquellas personas que hayan perdido su empleo a consecuencia de la pandemia.

-Establecer el derecho a una renta mínima vital, no permanente, sino condicionada a criterios objetivos, aunque prorrogable durante todo el tiempo en que se mantenga la situación de necesidad.

-Facilitar el trabajo telemático y en el propio domicilio para todas aquellas tareas que no requieran la presencia directa.

-Obligar a los bancos a anular el cobro de comisiones a las personas que se encuentren en paro o hayan visto disminuidos sus ingresos.

-Facilitar sin penalización alguna la recuperación del dinero de los fondos de pensiones y de ahorro.

-Eliminar las trabas burocráticas y el pago de impuestos para la apertura de nuevas empresas, unificando los criterios y condiciones en toda España.

-Facilitar la revitalización de la vida rural, dar ayudas para el establecimiento permanente en los pueblos, crear huertos de autoabastecimiento, pequeñas industrias y artesanías, una agricultura ecológica sostenible, mercados locales y comarcales, la creación de proyectos comunitarios para el ahorro y la extension de energías limpias, y todo ello asegurando las comunicaciones y el acceso a internet.

-A fin de no coartar la libertad de los ciudadanos y deprimir más la economía con medidas excepcionales, establecer la aplicación de medidas jurídicas alternativas al estado de alarma, acudiendo a las numerosas leyes sobre la salud pública y seguridad nacional actualmente en vigor.

Para leer el informe entero de dCIDE, cliclar aquí.

Santiago Trancón Pérez

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