Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana, ha sido entrevistado en ‘Del nacionalismo se sale’ (pueden ver la entrevista en el vídeo que encabeza esta pieza) y ha explicado cómo están consiguiendo que ayuntamientos que piden requisitos de catalán muy exagerados para puestos de trabajo público como barrenderos, auxiliares de brigada o electricistas, tengan que recular y suavizarlo.
«Están rectificando porque exigen niveles de catalán que no son necesarios para el puesto de trabajo, porque para barrer no hace falta recitar a Josep Pla en catalán, y ante nuestros requerimientos se rinden para evitar que se bloquee la convocatoria de empleo», ha explicado Escolano.
Y añadió que «estos ayuntamientos piden niveles exagerados de catalán, como el B2 o el C, para crear una barrera de entrada, para que ciudadanos del resto de España, o catalanes castellanoparlantes, queden excluidos y los puestos de trabajo queden en manos de la gente que ellos quieran». Explicó el caso de Roses (Gerona) y citó otros ayuntamientos en los que han conseguido victorias. Si quieren colaborar con esta entidad denunciando casos similares pueden visitar su web.
Informó que el Supremo sí que permite que las administraciones públicas pidan cierto nivel de catalán, pero «a un nivel adecuado para el puesto de trabajo. Para empleos que piden como requisito la FP o lo que se llama ‘agrupaciones especializadas’ recurrimos siempre si se exige un nivel de catalán superior al mínimo, el A1. Tampoco estamos de acuerdo con este requisito lingüístico, pero como el A1 es sencillo de obtener y la Justicia lo avala, preferimos centrarnos en los abusos».
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