Equidistancia, ambigüedad y filigrana política

Pienso que la rebeldía contra la injusticia es una de las claves que mueve el mundo y el pensamiento de izquierdas se sitúa exactamente ahí. Por ello, cuando una ley es injusta o, aun siendo aparentemente justa, genera injusticias y desigualdades, es legítimo luchar contra ella. Las formas concretas de esa lucha dependen de la situación política de la sociedad en la que tal injusticia se dé. Es decir, que, a priori, no podemos concretar qué forma política tomará esa rebeldía; podría ser mediante objeción de conciencia, desobediencia cívica, manifestación pacifica, huelga o, nada es descartable, lucha armada.

En las naciones de nuestro entorno, incluyendo España, como diría Marx, a pesar de ser una de las sociedades más democráticas, vivimos una dictadura de la burguesía. Y esto es verdad ya que en el capitalismo es la clase burguesía la que tiene la hegemonía del poder. Ciertamente, el concepto clásico de burguesía local habrá que ampliarlo hablando de oligarquías nacionales y transnacionales. Y esto es así aunque el sistema sea de lo más democrático –no es este artículo el lugar para analizar las trampas de los propios sistemas democráticos de los que los estados se dotan para ejercer esa hegemonía- y tal cosa también pasaría si el sistema fuera socialista a la par que democrático, estaríamos en una dictadura del proletariado. Es decir que el concepto “dictadura” se está refiriendo a qué clase social detenta el poder, independientemente de si ese poder se ejerce de forma democrática o autoritaria.

¿Es España un estado opresor?

Cuando el nacional-secesionismo afirma que España es un estado opresor y autoritario no lo hace desde un planteamiento marxista –a pesar de que algunos de izquierdas pretendan dar soporte a tal “aseveración”-, sino desde un posicionamiento de “nación oprimida”. La realidad desmiente la acusación. Primero porque hablar de Cataluña como nación oprimida es una boutade; es evidente que los que así teorizan pertenecen a una clase social privilegiada dentro de la sociedad catalana; son altos cargos y funcionarios de la administración autonómica del Estado en Cataluña, están relacionados con lo que podríamos llamar oligarquía local. Y como se viene demostrando desde hace tiempo, sus organizaciones políticas están implicadas en graves procesos de corrupción, con desviación de dineros públicos hacia sus partidos y hacia sus haciendas.

Es llamativo que desde una de las autonomías más ricas de España las elites políticas promuevan un relato victimista de nuestra sociedad. Decir que el origen del procés se sitúa en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía es otro de los muchos memes utilizados por sus inventores y gestores, como lo del franquismo instalado en la sociedad española o los múltiples agravios sufridos desde 1714. Ciertamente, el catalanismo acelera su proyecto –el del pujolismo– tras las grandes protestas contra los recortes que aplicaba la Generalitat de Mas y que culminan con las manifestaciones de “rodea el parlamento” (2011). Fue entonces cuando el neoliberalismo de CiU –que aplicaba sus recetas a la crisis- reacciona encabritando aquel lento proceso de construcción nacional instalándonos en el nuevo paradigma del procés independentista.

Si en Cataluña no existiera un gobierno ni un parlamento autónomo, si el catalán estuviera prohibido en la calle y marginado en la enseñanza, si no existieran medios de comunicación (TV, radios, periódicos) en catalán y catalanistas, si en ellos estuviera penado defender la cultura catalana, si las grandes empresas fueran propiedad de la burguesía española, si no hubiera elecciones libres con voto universal y además no hubiera libertad de partidos, si hubiera persecución ideológica, si Cataluña fuera una colonia invadida y sometida mediante la fuerza, si… Pero la realidad de Cataluña es que tiene un gobierno y un parlamento propio dentro de un estado de derecho, con más o menos desajustes democráticos, como bien señala el letrado mayor, Antoni Bayona, del propio Parlament: “pretender, a partir de la constatación de ciertos déficits, que el Estado español mantiene formas autoritarias (postfranquistas) que lo convertirían en no democrático puede suponer un grave error de apreciación política y, sobre todo jurídica,”. Continua: “se puede aceptar la primacía del principio democrático para realizar una transición o ruptura de las reglas de un estado autoritario en beneficio de un nuevo régimen plenamente democrático y constitucional”. En cambio, él opina que “puede ser arriesgado confundir esta situación con la existencia de déficits que afecten a la calidad democrática de un estado que, aún así, mantiene los elementos esenciales que lo definen como democrático y de derecho”.

Es decir, se puede aceptar, digo yo, la rebelión contra un estado autoritario. Afirmar que España es un estado autoritario porque el PP es un partido de derechas es equivalente a afirmar que Cataluña es una comunidad autónoma autoritaria porque JxSi es de derechas –ERC es tan de derechas que vota presupuestos de derechas-. Para más inri ambos gobiernos se configuran gracias a un sistema electoral, español, que sobrerrepresenta a los conservadores.

¿Derecho de autodeterminación?

Por otro lado, siempre he afirmado que el derecho de autodeterminación no es aplicable en España a ninguno de sus territorios, sobre todo en la versión externa que es como la entiende el secesionismo. En su versión interna, tal derecho se está ejerciendo desde que existe la autonomía catalana. Como corrobora el letrado Bayona: “el derecho de autodeterminación se puede entender bien en clave interna, es decir, como pretensión de modificar el estatus jurídico y político de un pueblo sin necesidad de concretarlo necesariamente en un proceso de independencia estatal, bien en clave externa, o sea, con esta última pretensión. Por otra parte, incluso situados en este último escenario, el inicio de un proceso para la independencia no deviene inconstitucional en sí mismo, pues la Constitución no excluye su posible reforma si los que lo promueven tampoco excluyen la posibilidad de seguir esta vía.”

Y aquí es donde entramos en el conflicto: al no seguir la vía de la reforma constitucional, el separatismo “necesita” calificar al estado como opresor para justificar algo que ni jurídica, ni política, ni socialmente le corresponde.

La oprimida Cataluña

Siguiendo con la casuística socioeconómica de Cataluña podemos constatar que las grandes fortunas corresponden a las grandes familias de raigambre catalana desde hace más de 300 años. Esa burguesía, que se benefició de la protección que ese “estado español”, que ahora tanto desprecia, le dio. La burguesía catalana no solo es preeminente en Cataluña sino que controla partes muy importantes de la economía española y está muy imbricada en toda la estructura económica de España.

La Generalitat de Catalunya ha generado desde la transición una nueva clase clerical en su entorno funcionarial que junto a una pequeña burguesía, radicalmente xenófoba y catalanista, y unas clases medias temerosas de proletarizarse con la crisis, se han convertido en la masa critica que les ha permitido aparecer como un movimiento popular ante toda España. La realidad es que los gastos de la Generalitat en la creación de esa mesocracia han sido ingentes desde los primeros años de la autonomía –ver Programa 2000-. La vanguardia de ese proceso siempre ha sido la escuela como el gran aparato de asimilación identitaria de la juventud. A ello hay que añadir el control férreo de la prensa, tanto pública (TV3, RAC, C33, 3/24) como privada (Ara, Vanguardia, El Periódico, El Punt-Avui, etc.) –recomendable ver editorial conjunta– (en castellano), todo ello mediante importantes y cuantiosas subvenciones.

Hablar de persecución del catalán en Cataluña sería retrotraerse al franquismo. Hoy el catalán tiene el mayor número de hablantes de toda su “milenaria” historia. Es lengua vehicular única (inmersión mono-lingüista identitaria) de toda la enseñanza obligatoria, tanto pública como concertada, tanto en primaria como en secundaria y en bachillerato y formación profesional. La otra lengua cooficial, el español o castellano, se imparte como asignatura durante 2 horas a la semana, menos incluso que el inglés: el bilingüismo de la calle desaparece al entrar a la escuela catalana, hasta en el patio está perseguido. Las administraciones locales y la autonómica lo tienen como lengua preferente. Goza de privilegios respecto al castellano en el Estatuto de Autonomía y, aunque fue modificado, en ese apartado sigue aplicándose. La desobediencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son ignoradas de forma sistemática por las referidas administraciones.

El procés nacional-catalanista

Son muchos los análisis sobre el nacionalismo catalán y su evolución, yo mismo lo he hecho en alguna ocasión, y varias las teorías sobre su proceso de aceleración y radicalización. El problema es que desde el secesionismo pretenden vender al mundo que lo suyo es una “revolución democrática”, y tras mi argumentación es difícil mantener la idea de que la suya es una rebelión contra una situación injusta y de opresión. Solo nos queda calificarla de involución contra la democracia ya que pretende mantener y aumentar las prerrogativas de unas clases sociales ya de por si privilegiadas en base a una ideología decimonónica con un concepto supremacista de una nación inventada e idealizada.

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