La politóloga Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) es asesora de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y escribe regularmente en cabeceras como Letras Libres o The Objective. Además, acaba de editar junto a Juan Claudio de Ramón La España de Abel (Deusto), un ensayo en el que 40 jóvenes se amotinan contra los tópicos y pintan un retrato positivo de España. En esta entrevista, reflexiona sobre el nacionalismo, el populismo y la confusión entre “extremismo” y “discrepancia”.
Los autores de La España de Abel desmienten que España sea ese Estado fallido y autoritario que dibujan los secesionistas. ¿En qué razones se apoyan?
Bueno, no desmentimos que España sea un Estado fallido porque eso no es necesario: hay muchos indicadores objetivos que sitúan a España entre los países más democráticos y prósperos del mundo. Lo que hacemos es un ejercicio, que casi podríamos llamar terapéutico, de traer al primer plano las cosas buenas que tiene nuestro país, porque a menudo son las malas las que dominan el debate público.
Por su parte, en Anatomia del Procés atribuye el éxito del relato separatista a su fusión de nacionalismo y populismo.
Sí, el nacionalismo clásico es una ideología moderna que nace con las revoluciones liberales e industrial, y que en España despunta en el siglo XIX. Sin embargo, el nacionalismo catalán ha sido un movimiento masivo solo después de incorporar atributos de la posmodernidad como el llamado derecho a decidir, que plantea superar la representación liberal para entregar una decisión concreta a un sujeto político definido a conveniencia. Es posible que el etnosimbolismo de la raza, la lengua y la cultura no fuera suficiente para articular una mayoría social; pero las apelaciones a la democracia son difíciles de combatir: ¿quién puede oponerse, a priori, a las urnas? Es un relato más sofisticado y poderoso, aunque igualmente excluyente.
En un artículo reciente sostiene que a veces las “posturas equidistantes pervierten el debate”. ¿Por qué?
Lo que es perverso es oponer especularmente posturas que no pertenecen a la misma categoría política ni moral. Un caso evidente es el de los lazos amarillos, cuando se pone en plano de igualdad a quienes invaden el espacio público con propaganda política —que defiende la existencia de presos políticos— y los que tratan de mantener la neutralidad de ese mismo espacio retirando los símbolos.
Pero hay más casos. Por ejemplo, cuando se habla de la crispación del debate sobre la educación en Cataluña, hay quien tiende a dibujar un eje con dos extremos: en uno estaría los independentistas, que defienden una educación casi exclusiva en catalán. En el otro polo sitúan a Ciudadanos. Pero Cs solo merecería esa consideración si su propuesta fuera especularmente opuesta, esto es, si defendiera una educación casi exclusiva en castellano. La realidad es que Cs defiende una educación trilingüe, con las mismas horas de estudio para catalán, castellano e inglés.
Esta perversión se puede encontrar en otros muchos debates. Por ejemplo, el extremo opuesto al modelo territorial secesionista se sitúa en la defensa del estado autonómico, en lugar de en una propuesta centralista. O en el debate sobre la formación exigible para trabajar en la Administración en Cataluña, se equipara a quienes quieren que solo cuente el catalán con quienes defienden que éste sea un mérito; en lugar de con quien dice que el catalán no debe contar en absoluto.
Por supuesto, este tipo de propuestas no tienen apenas defensores o portavoces. Así que se pervierte el debate político tachando de extremista al discrepante.
Trabaja como asesora de Ciudadanos en el Congreso. Pese a que el partido se define como liberal progresista y toma como referentes a líderes como Macron o Trudeau, son muchos los españoles que, según el CIS, ubican a Cs en la derecha. ¿Cómo explica esta percepción?
Fundamentalmente, porque muchos votantes de PSOE y Podemos ubican a Ciudadanos cada vez más a la derecha, en línea con el discurso que enarbolan los portavoces de estos partidos. Recordemos a Sánchez afirmando que Cs es “el Vox de la política”, valga el anacoluto. O las recientes comparaciones con Bolsonaro por parte de los líderes de Podemos. Sin embargo, la autoubicación de los votantes de Cs se ha desplazado muy poco.
Asimismo, tanto el nacionalismo como el Gobierno acusan a Ciudadanos de alimentar el conflicto territorial, censura que se ha repetido tras el acto en Alsasua.
Es muy peligroso que se legitime, desde algunos partidos o desde el gobierno, que la tranquilidad o la paz social en determinados territorios o municipios tenga que depender de que haya una parte de la ciudadanía de esos lugares que no pueda expresarse políticamente en público. Esa es la paz de los cementerios. Y denota un déficit severo de libertades que hay que denunciar.
Hace unos días, el presentador de TV3 Jair Domínguez llamó “hijos de puta” en su Twitter a los que apoyan a Manuel Valls. Por su parte, Pilar Rahola mandó textualmente “a la mierda” al ex primer ministro francés. ¿Por qué crees que Valls despierta tanta inquina en una parte del secesionismo?
Valls defiende unos valores opuestos al secesionismo: democracia liberal representativa, pluralismo ideológico, unidad territorial, cosmopolitismo, sociedades abiertas, Barcelona como capital europea… y además podría ganar. Es el rival a batir para ellos, que, además, ya sabemos que toleran mal la discrepancia.
El Govern ha defendido que los profesores lleven lazos amarillos en clase aduciendo que es “libertad de expresión”. ¿Puede considerarse así?
El pujolismo trazó las líneas de su proyecto nacionalizador para Cataluña en su Programa 2000 de 1990, y ya en ese documento se daba una prioridad absolutamente capital a la escuela y la educación. Quienes niegan el adoctrinamiento aducen que también el independentismo ha crecido entre quienes no se educaron bajo el modelo escolar de Convergència. Pero eso solo indica que en el auge del independentismo intervienen distintas variables difíciles de aislar y cuantificar.
Sin embargo, no explican nada sobre la intención clara de las élites nacionalistas de usar las aulas como vehículo de transmisión de sus ideas —con la presencia de banderas inconstitucionales y lazos amarillos, por ejemplo—. El respeto a la infancia y a lo público exige una escuela pública políticamente neutral.
Por otra parte, el conseller de Enseñanza ha reiterado que la inmersión lingüística obligatoria en catalán sigue siendo un “modelo de éxito”. ¿Le parece lícito este sistema?
A mí lo que me sorprende es que ningún partido, hasta la llegada de Ciudadanos, haya encontrado nada que criticar en un sistema educativo que es el modelo de un partido político: Convergència —conservador para más señas—. Es verdaderamente llamativo que ningún partido de izquierda haya criticado un modelo que deja sistemáticamente atrás a los alumnos más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico; que son, además, castellanoparlantes en su mayoría. Es como si los partidos de izquierda en Madrid hubieran cerrado filas en torno al modelo educativo del PP durante años. Es impensable.
Todo ello mientras las élites catalanistas llevan a sus hijos a colegios privados donde reciben más horas de enseñanza de castellano e idiomas.
Hay quien considera que indultar a los políticos presos por el procés aliviaría el conflicto social en Cataluña. ¿Está de acuerdo?
Yo creo que sentaría un precedente peligrosísimo, transmitiendo el mensaje de que quebrantar la Constitución y la convivencia no tiene costes, lo cual es un incentivo evidente para volver a intentarlo.
Y sería también una falta de respeto a la sociedad catalana que en otoño del 2017 salió masivamente a la calle para oponerse al golpe. Sería la constatación de que los que infringen las normas reciben un trato de favor por parte del Gobierno, mientras que los ciudadanos honrados que cumplen con sus obligaciones quedan en un segundo plano.
¿Y qué le diría a la mitad de los catalanes que sigue considerando irrenunciable el derecho a decidir?
El derecho a decidir políticamente lo disfrutamos todos los españoles, incluidos los catalanes, en las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas. El derecho a privar a la mitad de los catalanes de sus derechos de ciudadanía no existe.
Por Óscar Benítez
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