El encaje legal de los partidos separatistas

La Declaración efectuada el pasado 27 de octubre de 2017, proclamando la constitución de una República desde el Parlamento catalán y en última instancia la independencia de Cataluña del resto de España, es la consecuencia de un proceso que debería haberse evitado actuando con la necesaria anticipación, porque lo acontecido era más que previsible.

No son democráticas por violentar la legalidad constitucional aquellas organizaciones políticas que desde una Cámara autonómica pretenden demoler las normas de convivencia pacífica que todos los españoles nos hemos dado. No deberían por tanto tramitarse iniciativas legislativas que fuera del marco legal se arrogan una soberanía de la que carecen.

La justicia constitucional pero también la ordinaria pueden y deben actuar para impedir que nuestros derechos fundamentales se vean pisoteados por quienes de manera desleal, han convertido la democracia en una excusa perfecta para acabar con la integridad territorial de España.

En la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos puede leerse:

“La Ley opta, en primer lugar, por contrastar el carácter democrático de un partido y su respeto a los valores constitucionales, atendiendo no a las ideas o fines proclamados por el mismo, sino al conjunto de su actividad. De este modo, los únicos fines explícitamente vetados son aquellos que incurren directamente en el ilícito penal.  Es bien conocido que no es ésta la única opción que ofrecen los modelos de derecho comparado (…) La presente Ley, sin embargo, a diferencia de otros ordenamientos, parte de considerar que cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

“Tal y como ya se indicaba en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, no se trata, con toda evidencia, de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional.  Cabe concluir por ello que, sin perjuicio de otros modelos, la presente normativa se sitúa en una posición de equilibrio, conciliando con extrema prudencia la libertad inherente al máximo grado de pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia.”

Es evidente que la normativa que afecta al funcionamiento de los partidos políticos en España es completamente respetuosa con todas las ideas, desterrando la existencia de presos políticos en nuestro país. El Presidente del Parlamento de Cataluña defiende los mismos planteamientos que Oriol Junqueras, por ejemplo, y no está compartiendo celda en Estremera, sino ejerciendo sin obstáculos su derecho a la libertad de expresión, de forma eso sí, poco respetuosa con quienes disienten de las mismas.

Así lo hizo en su discurso en el Colegio de Abogados de Barcelona, en la festividad de San Raimundo de Peñafort, acto en el que en lugar de mantener un perfil institucional, exhibiendo una neutralidad necesaria frente a un colectivo plural y diverso, decidió marcar un perfil sectario desafiando a la independencia del Poder Judicial.

No cabe duda de que el equilibrio entre la defensa del pluralismo y la protección de la democracia hoy se ha roto en Cataluña, por quienes defienden el separatismo con arreglo a sus ideales, han decidido asaltar la democracia rompiendo el marco constitucional.


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