Estoy hablando de delincuentes políticos, es decir de aquellos que habiendo sido advertidos reiteradamente de lo ilícito de sus actos, y de las más que posibles consecuencias penales, tanto por los letrados del Parlament, como por los propios tribunales de justicia, decidieron conscientemente hacer caso omiso y saltarse las leyes supremas en las que reside la soberanía nacional y que nos habíamos dado votándolas mayoritariamente: la Constitución Española y l’Estatut de Catalunya.
Ahora que ya están rindiendo cuentas ante la Justicia, como no podía ser de otra forma, salen las plañideras y alguna que otra alma misericordiosa, o ingenua, diciendo que no es para tanto.
Otros chulitos de 138.000 €/mes, que cobran de nuestros impuestos, se aprovechan de estas manifestaciones de debilidad y amenazan ante el propio Tribunal Supremo de que volverán a hacerlo: “Volveremos a votar la independencia. No lo duden”.
¡Pues miren, no! Tolerancias ante las irresponsabilidades de nuestros gobernantes, las justas.
Algunos estamos seguros de que sin las grandes manifestaciones promovidas por SCC en octubre de 2017, y sin la aplicación del artículo 155 de la C.E. la situación hoy en Cataluña sería muchísimo peor. Las leyes están para aplicarlas y el 155 también.
La prisión preventiva está en la Ley Orgánica del Poder Judicial y se aplica desde que nos dotamos de un Código Penal, hace 2 siglos. Cada vez que, por la gravedad de los delitos cometidos y ante el posible riesgo de evasión a la acción judicial, los tribunales lo estiman conveniente; y aún así, algunos se fugan.
No tengo ninguna duda de que las penas que se deriven de los actos que se están juzgando serán ecuánimes.
Prejuzgar en estos momentos si hay que “perdonar” las penas que dicte el Tribunal Supremo, llamando a su indulto, me parece un tremendo error, ya que no solo deja un gravísimo acto ilícito sin castigo, es una llamada a todos los que todavía no han traspasado la frontera de la delincuencia para que lo hagan. Una irresponsabilidad política como un piano de cola. Un indulto sería un mal ejemplo que haría que Cataluña fuera ingobernable.
Por cierto, me gustaría destacar que esta declaración mía, como otras que se están haciendo estos días, es una opinión personal, y que la postura oficial de SCC, sobre este y otros temas, se fijará en la Asamblea General de Socios de la entidad, el próximo 29 de marzo.
Barcelona, a 5 de marzo de 2019
Xavier Marín. Responsable de Organización y Finanzas de Societat Civil Catalana
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