El Tribunal Supremo ha impuesto sendas multas de 3.000 euros a los prófugos de la Justicia Carles Puigdemont y Toni Comín, y también a la coalición Lliures Per Europa por actuar con mala fe procesal al solicitar tarde unas medidas cautelarísimas en relación a una reunión de la Junta Electoral.
En dicha reunión la Junta Electoral Central iba a proceder al recuento y de los votos a nivel nacional, a la atribución de escaños y a la proclamación de electos tras los comicios al Parlamento Europeo del 26-M.
El Supremo argumenta «que es evidente que hay mala fe y temeridad en la presentación de la solicitud de medidas cautelarísimas escasas horas antes de la celebración de un acto de la Junta Electoral Central notificado con más de 48 horas de antelación respecto de la aplicación de unas normas sobre las que no ha habido modificaciones esenciales en los más de 35 años que llevan en vigor».
Ambos dirigentes secesionistas lo hicieron el día 12 a las 19.18 horas cuando podían haberlo hecho antes, según el el alto tribunal, dado que ésta se notificó con 48 horas de antelación.
Además, el mismo día de la reunión, a las 11.21 horas, presentaron otro escrito pidiendo que no diese comienzo por haber solicitado las cautelarísimas.
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