La Fiscalía General del Estado, bajo la batuta de Teresa Peramato, ha consumado este viernes un nuevo episodio de colonización institucional al ascender a la cúpula de la Fiscalía del Tribunal Supremo a dos figuras de la máxima confianza del inhabilitado Álvaro García Ortiz. En un movimiento que desprende un indisimulado aroma a pago de favores, Ana García León y Diego Villafañe han sido promocionados para ocupar puestos estratégicos en la Sección Penal del alto tribunal.
García León asumirá la jefatura de dicha sección, con Villafañe bajo sus órdenes directas, asegurando así que el espíritu del fiscal imputado por revelación de secretos siga presente en las decisiones más sensibles del Estado. Conviene no olvidar que García Ortiz fue apartado por el Supremo tras su juego sucio contra el entorno de Isabel Díaz Ayuso, un escándalo que parece no haber hecho mella en la hoja de ruta de Peramato.
La elección de estos perfiles no es casual, pues ambos se han impuesto a las candidaturas de fiscales que tuvieron un papel destacado en la persecución judicial del ‘secesionismo’ durante el ‘Procés’. El mensaje enviado desde el Consejo Fiscal es nítido: en la justicia de la era Sánchez, la lealtad al jefe previo y al actual Gobierno cotiza mucho más alto que el rigor mostrado frente a los desafíos de los separatistas.
El pleno del Consejo Fiscal, ese órgano que debería velar por la imparcialidad y que Peramato maneja con mano de hierro, ha servido para oficializar un total de 19 nombramientos. A pesar de que concurrían 86 aspirantes, la balanza se ha inclinado sistemáticamente hacia aquellos nombres que garantizan la docilidad del Ministerio Público ante los intereses de Moncloa.
Llama la atención el desprecio hacia quienes defendieron la legalidad constitucional en Cataluña frente al golpe separatista de 2017. El ascenso de los afines a García Ortiz supone una bofetada a la carrera fiscal y una confirmación de que el Supremo es la última frontera que el PSOE pretende derribar para asegurar su impunidad y la de sus socios.
La sombra del anterior Fiscal General, ese que manchó la institución con una ‘revelación de secretos’ sin precedentes, es alargada y ahora se proyecta sobre la Sección Penal del Supremo. Peramato actúa como una simple correa de transmisión de una estrategia diseñada para blindar jurídicamente los pactos de Sánchez con el separatismo más radical.
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