La Guardia Civil, como Cuerpo competente en materia de armas y explosivos, ha destruido más de 50.000 armas de fuego durante el pasado año, 11.710 en Cataluña: 6.600 en Barcelona, 2.500 en Tarragona, 1.310 en Lleida y 1.300 en Girona.
Asimismo, hay que destacar que como resultado de estas actuaciones desde el año 2013 se han destruido más de 430.000 armas en nuestro país.
Estas actuaciones se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y se suma al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, celebrada en julio de 2001.
En dicha Conferencia, quedaba patente, entre otras cuestiones “la preocupación por la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras y por su acumulación excesiva y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo, lo cual tiene consecuencias humanitarias y socioeconómicas de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional, regional e internacional”.
A partir de ahí, la ONU estableció que, cada 9 de julio, se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, con el fin de promover acciones para la eliminación de las armas de fuego de origen ilícito.
En España, desde 1844 la Guardia Civil se ha encargado del control de armas para evitar su proliferación y como medida de prevención para dificultar la acción de los malhechores. La Cartilla de la Guardia Civil disponía que «vigilará que nadie ande con armas por parte alguna sin la correspondiente licencia para usarlas».
Actualmente, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
Estas Unidades controlan exhaustivamente el acceso legal a las armas, para lo cual el Reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales, así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo de las mismas.
Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.
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