Este domingo publicábamos como la dirección de un centro de Barcelona mandó a los profesores un cuestionario que contenía una pregunta más que indicativa de su sectarismo lingüístico. A la pregunta «Cuáles son los principales cambios detectados en el paisaje lingüístico del centro durante los últimos años» una de las posibles respuestas era la siguiente: «Hay un cierto rechazo explícito hacia el catalán (hasta por parte del alumnado bueno)».
Dicho centro entendía como «alumnado bueno» dejaba entrever que los alumnos con menor rendimiento académico eran los que más se resistían hacia el uso del catalán en el aula. Nada nuevo bajo el sol, el supremacismo lingüístico que la Generalitat ha adoptado como política educativa se está trasladando a la mayoría de los centros escolares de Cataluña.
Así, cada vez hay más «proyectos lingüísticos» de centros escolares que defienden diferentes medidas coercitivas para evitar el uso del español como lengua de uso social fuera del aula, tanto en los patios o comedores, o en otras instalaciones del centro. También a la hora de imponer el catalán a los profesores como lengua de trato con los padres de los alumnos, aunque estos insistan en hablar en español.
La Generalitat se excusa en que cada centro tiene «competencia» para escoger su «proyecto lingüístico», pero las directrices y consignas de la Consejería de Educación son claras, y son muchas las direcciones de centro que, por convicción separatista o para evitarse problemas con el Govern, los que acaban cediendo y adoptando posturas de marginación del español, la lengua más hablada por los catalanes.
Ante este continuo ataque a los derechos civiles de los hispanohablantes solo queda apoyar la imprescindible labor de las entidades y plataformas, como Escuela de Todos o Hablamos Español, entre otras, que trabajan duro para evitar que el supremacismo lingüístico de la Generalitat, y de los Comunes y el PSC como sus aliados preferenciales, quede impune.
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