La política lingüística en las universidades públicas catalanas, y especialmente en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha derivado en una práctica sistemática de marginación del español, pese a ser una de las lenguas oficiales del Estado y lengua materna de una gran parte del alumnado.
El catalán se impone como lengua vehicular preponderante en las aulas – expulsando así a muchos alumnos hispanohablantes de sus aulas -, en la cartelería institucional y en las comunicaciones internas, generando un clima en el que el uso del español se ve cada vez más reducido y, en ocasiones, estigmatizado.
En la UAB, los docentes son presionados, de forma explícita o implícita, para impartir sus clases en catalán, incluso en titulaciones donde la mayoría de estudiantes hablan español como lengua habitual. La autonomía universitaria se ha convertido en una vía para aplicar políticas lingüísticas que ignoran el bilingüismo social de Cataluña. Con la total complicidad de la Generalitat, en este caso Salvador Illa.
La libertad de cátedra queda comprometida cuando el entorno institucional favorece únicamente una lengua y desincentiva el uso de la otra, incluso en contextos donde sería pedagógicamente más eficaz utilizar el español. Y los alumnos que defienden abiertamente el bilingüismo, como los que pertenecen a S’ha Acabat! o Estudiants pel Canvi, son perseguidos por radicales violentos que cuentan con la complicidad de los rectores.
La rotulación en los campus de la UAB y otras universidades públicas catalanas es un reflejo de esta exclusión: la inmensa mayoría de carteles, señalizaciones y avisos están únicamente en catalán, sin versiones bilingües o trilingües, a pesar de que estas universidades acogen a estudiantes internacionales y de otras comunidades autónomas. La apuesta por la inmersión lingüística universitaria no solo busca preservar el catalán, sino desplazar al español de los espacios públicos institucionales.
Además, desde los equipos de gobierno de estas universidades se promueve una narrativa identitaria que alinea a la institución con postulados nacionalistas. Muchos rectores – UAB, UPF, UB, UPC, entre otras – han mostrado una clara complicidad con entidades como Òmnium Cultural o la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organizaciones abiertamente separatistas que defienden la imposición del catalán como herramienta de construcción nacional. Esta connivencia política se traduce en políticas lingüísticas sesgadas y en un ambiente académico poco plural.
El papel de los rectores es especialmente relevante, ya que lejos de garantizar la neutralidad institucional, permiten —e incluso fomentan— la adopción de declaraciones y posicionamientos políticos en los claustros universitarios, donde se aprueban manifiestos de apoyo a causas separatistas – como la amnistía a los golpistas del 1-O – o a favor de políticas lingüísticas que marginan el español. Esta instrumentalización de la universidad pública pone en entredicho su papel como espacio de libertad y conocimiento abierto.
Mientras tanto, los estudiantes que desean utilizar el español como lengua académica se encuentran con crecientes obstáculos. Muchos prefieren no quejarse por miedo a ser señalados o a recibir represalias, en un entorno donde lo identitario ha ganado terreno a lo académico. Las pocas iniciativas que han tratado de revertir esta situación, como algunas denuncias legales, han sido recibidas con hostilidad o desdén desde los órganos de gobierno universitarios.
Esta situación no solo vulnera derechos lingüísticos, sino que compromete la calidad de la enseñanza y la convivencia universitaria. El monolingüismo institucional en catalán no refleja la realidad sociolingüística de Cataluña y menos aún la diversidad de procedencias del alumnado. En lugar de promover una convivencia armoniosa entre las lenguas oficiales, se está cultivando una universidad ideologizada y excluyente.
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