El Tribunal Supremo es el que ha de decidir sobre el futuro penal de los líderes secesionistas en prisión preventiva. Y aunque los políticos son libres de opinar sobre cualquier tema, en temas que están judicializados su parecer puede ser visto como un intento de presionar la libre acción de los magistrados.
Meritxell Batet, Teresa Cunillera y Carmen Calvo han hablado, a preguntas de los periodistas, sobre este tema, y han generado una polvareda innecesaria en un momento el que los jueces han de trabajar con tranquilidad. También es cierto que los partidos de la oposición han amplificado el ruido, lo que no ayuda a serenar el ambiente.
Pero ha de quedar claro que tanto el mantenimiento de la prisión preventiva, como la concesión de indultos en el caso que los políticos secesionistas sean condenados, solo ha de responder a la acción de la justicia, no a presiones de ningún tipo. España es un Estado democrático y de derecho, y ha de serlo, no solo parecerlo.
Por lo tanto, todos, tanto Gobierno como oposición, deberían dejar trabajar a los jueces. Y no contribuir a enrarecer el ambiente. Si defendemos que España es una democracia plena con unos tribunales justos, que es lo que los separatistas niegan, tenemos que demostrar respeto a la labor de los magistrados.
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