El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) opera sistemáticamente con una dúctil moralidad política. Cuando se trata de sus intereses, el respeto a la legalidad vigente se convierte en una molestia insignificante. Los ejemplos de esta hipocresía en la gestión pública son numerosos y muy preocupantes.
Un caso palmario es el de la Ley de Banderas. En cerca de treinta ayuntamientos que están bajo el control del PSC, esta norma brilla por su ausencia. La bandera de España es sistemáticamente ignorada en estos consistorios. Lo más grave es que el cumplimiento de esta ley debería ser garantizado por la Delegación del Gobierno en Cataluña, un organismo controlado precisamente por el PSC.
El mismo escrúpulo selectivo se aplica a la enseñanza en castellano. El PSC no muestra rigor a la hora de defender los derechos lingüísticos. Permite que la Generalitat maniobre constantemente para burlar las sentencias judiciales que exigen un mínimo de educación en la lengua mayoritaria de los catalanes en las escuelas.
El PSC se confirma así como un partido blando y flexible con el separatismo. Mientras ejerce una mano de hierro contra otras formaciones políticas, muestra una preocupante camaradería con los radicales. Han llegado a cogobernar en ciudades de más de cien mil habitantes, como Sant Cugat del Vallès, incluso con los antisistema de la CUP (2019-2023). Y siguen pactando con ellos, como un acuerdo en el Parlament sobre vivienda.
Las pruebas de este doble rasero son evidentes también en los medios públicos. El PSC ha permitido que TV3 siga premiando a Toni Soler, un productor cuyos programas se han mofado de jueces, policías y, de forma recurrente, de la Guardia Civil. Dos secuaces del líder socialista Salvador Illa forman parte del órgano de gobierno de la televisión.
Sin embargo, la indignación socialista fue fulminante cuando les tocó a ellos. Un humorista que vinculó una esvástica nazi con el socialismo catalán (Pere Aragonès era presidente, pero el PSC tenía una notable fuerza en el ente gestor de TV3, la CCMA) fue despedido en menos de veinticuatro horas. Solo en ese momento, el PSC exigió que se aplicara el libro de estilo de TV3, ese que nunca exigen cumplir cuando los atacados son el Rey, la oposición o las Fuerzas Armadas.
No sorprende, por tanto, el manifiesto desprecio que el PSC muestra hacia la Guardia Civil quitándole competencias en Cataluña para favorecer a los Mossos d’Esquadra. Si los socialistas catalanes son incapaces de respetarse a sí mismos como garantes de la legalidad, mucho menos lo harán con la Benemérita, una institución siempre señalada por el nacionalismo.
Recordemos la flagrante humillación sufrida por el ministro Félix Bolaños. La entonces consejera de Presidencia (Laura Vilagrà) separatista lo amenazó con prohibirle la entrada al Palau de la Generalitat si no dejaba su móvil en la puerta. El PSC guardó un silencio vergonzoso, sin convocar una firme campaña de protesta.
El patrón se repite: el entonces president Pere Aragonès retiró la bandera de España un minuto después de que Pedro Sánchez terminara una rueda de prensa en el Palau. Y una vez más, el PSC se la envainó y aceptó la afrenta sin rechistar.
En conclusión, la postura del PSC es una traición a sus principios y a la legalidad. Desprecian el español, la lengua mayoritaria de los catalanes, y ocultan la bandera de España en decenas de consistorios. Su apoyo a la programación de una televisión semi-golpista como TV3 es la prueba definitiva de su deriva irresponsable.
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