“El origen socioeconómico de los estudiantes no les tiene que afectar en el logro de sus estudios y de sus competencias lingüísticas” ha denunciado ayer la diputada del grupo socialistas y Unidos para Avanzar, Alícia Romero.
Lo hizo durante la defensa de la proposición de ley presentada por los socialistas para reclamar una moratoria de cuatro años para que se empiece a exigir el nivel B2 de una tercera lengua a los graduados que empiecen sus estudios el próximo curso.
Romero ha explicado que los socialistas “compartimos el objetivo de mejorar las competencias lingüísticas e interculturales de nuestros estudiantes, pero no compartimos la forma en la que se hizo la ley”.
También ha denunciado que en el momento de hacerla, esta “no vino acompañada de recursos para que los estudiantes pudieran lograr las competencias básicas en una tercera lengua”.
Es por eso que la propuesta socialista también reclama a la Generalitat que se destinen los recursos suficientes para que los alumnos puedan acceder a los estudios necesarios para obtener este nivel “y para que de aquí a cuatro años no estemos en la misma situación que hoy” ha explicado Romero.
Esta diputada socialista ha enumerado algunas necesidades a satisfacer como “mejorar los recursos para la formación permanente del profesorado, aumentar plazas y reducir tasas a las escuelas oficiales de idiomas, y aumentar asignaturas impartidas en inglés desde la primaria. Más recursos en la escuela pública, en definitiva”.
Romero ha denunciado que “estamos en una sociedad de dos velocidades en la que, entre otras cosas, si tus padres tienen capacidad y recursos para pagarte una extraescolar de inglés o enviarte al extranjero, lograrás probablemente las competencias básicas de una tercera lengua, pero si tu familia no se lo puede permitir, no lo obtendrás”.
Y ha reclamado que si la tercera lengua “es una prioridad esto se vea reflejado en los presupuestos. Todo el mundo tiene que tener la oportunidad de poder llegar al nivel competencial”.
Las diputadas socialistas Alícia Romero y Esther Niubó, con el entonces Primer Secretario de la JSC y también diputado, Pol Gibert, y con el impulso y el trabajo conjunto con el Consejo del Estudiantado de las Universidades Catalanas registraron el miércoles 21 de febrero en el Parlament la proposición que se aprobó ayer.
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