El Congreso ha vuelto a certificar la soledad del Gobierno. Por segunda vez en apenas siete días, la Cámara Baja ha rechazado los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2027. La coincidencia de voto entre PP, Vox y Junts ha dejado al descubierto, una vez más, la fragilidad de una mayoría parlamentaria que no existe en la práctica.
Sorprende la obstinación de la Moncloa al tropezar exactamente con la misma piedra. El Ejecutivo decidió volver a presentar el mismo texto que ya había decaído la semana pasada. Sin cambios, sin concesiones y sin margen de negociación. Un movimiento arriesgado que ha terminado en un desenlace totalmente previsible.
Lejos de asumir el varapalo legislativo, el Ministerio de Hacienda ya ha activado su plan B y recurrirá a un oportuno informe de la Abogacía del Estado para tramitar los Presupuestos sin el aval de las Cortes. Una maniobra que roza el estiramiento de las normas para eludir la falta de apoyos políticos. Las cuentas públicas tendrán que elaborarse ahora bajo el marco fijado con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural. Este escenario impone un límite de déficit del 1,8% del PIB. El Ejecutivo pierde así la décima de margen que planeaba ceder a las comunidades autónomas. Ese 0,1% del PIB quedará finalmente bajo el control exclusivo de la Administración General del Estado. Una centralización de recursos impuesta que contradice el discurso del diálogo del propio Gobierno.
Por su parte, Junts per Catalunya ha mantenido su teórico distanciamiento con el PSOE para intentar que Aliança Catalana no le siga arrebatando votantes. La formación independentista justifica su veto en la baja ejecución de las inversiones estatales en territorio catalán. Los de Puigdemont recuerdan que la cuota de gasto recibido sigue muy por debajo de la contribución económica de la región.
Desde el grupo parlamentario de Junts, el diputado Josep Maria Cruset cargó con dureza contra la pasividad del Gobierno. Cruset reprochó al Ministerio de Hacienda que presente la misma propuesta esperando resultados distintos. Para los posconvergentes, la actitud de la Moncloa demuestra una falta real de interés por pactar las cuentas.
La oposición también ha denunciado el apagón informativo sobre los datos de ejecución pública durante el último año y medio. Junts sugiere que el Gobierno ha ocultado deliberadamente estas cifras hasta asegurar el apoyo de ERC a los presupuestos catalanes. La transparencia, una vez más, queda supeditada a la oportunidad política del momento.
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