El fugitivo Carles Puigdemont usará la propuesta de reforma del Gobierno de Sánchez para eliminar del Código Penal el delito de sedición y sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravado en la vista del próximo 25 de noviembre ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para intentar recuperar su inmunidad plena como eurodiputado.
La polémica reforma que está tramitando el Congreso para convertir el delito de sedición en desórdenes públicos agravados servirá para apuntalar su tesis del fugado y además afirmar que es víctima de una “persecución política“, por lo que debe revocarse el suplicatorio que aprobó el Parlamento Europeo y reconocerse la inmunidad.
Los abogados del ex presidente catalán y los ex consejeros fugados sostienen que el suplicatorio se tramitó de manera irregular por la «imparcialidad», según consideran, de europarlamentarios que participaron en el proceso. En concreto, el presidente del Comité de Justicia, Adrián Vázquez (Ciudadanos) y Angel Dzhambazki, del Movimiento Nacional búlgaro, en el mismo grupo que VOX, acusación particular en el juicio del procés.
Veremos que acaba sucediendo, pero la rebaja del delito de sedición, evidentemente beneficia a los que intentaron dar un Golpe de Estado en Cataluña en 2017, y deja al constitucionalismo catalán más desamparados que nunca ante los secesionistas.
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