El portavoz del Partido Popular de Cataluña (PPC) en el Parlament Juan Fernández ha rechazado la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat al considerar que su objetivo “es recaudar más y controlar más la vida de los ciudadanos” a través de “un atraco fiscal a la clase media catalana”, un modelo que considera agotado y perjudicial para los intereses de los catalanes.
Durante su intervención, ha señalado que la ley de acompañamiento no es un instrumento meramente técnico, sino que tiene una orientación marcadamente política que “se aferra a la misma receta fracasada que asfixia Cataluña”, aumentando la recaudación impositiva. El mensaje subyacente a la ley de acompañamiento es que “no es un problema que las familias no lleguen a final de mes, sino que aún tienen dinero que la Administración puede recaudar”.
El portavoz popular ha insistido en recordar que Cataluña “es uno de los territorios con más presión fiscal de España”, con el tramo autonómico del IRPF más alto, el mantenimiento del impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto sobre patrimonio que “frena inversiones”, y la acumulación de tasas, recargos, obligaciones y costes regulatorios que lastran el emprendimiento y el crecimiento empresarial y a la competitividad de las empresas.
Fernández ha querido centrar también su discurso en la clase media catalana, que está sufriendo un empobrecimiento acelerado por culpa de una fiscalidad excesiva que desincentiva y dificulta la prosperidad. “Nunca la Generalitat había recaudad tanto, mientras las familias tienen la sensación de estar viviendo peor”, ha anunciado. Un contexto que ha provocado “una gran crisis visible” de decadencia “lenta y silenciosa”, fácilmente comprobable porque no llega inversión, las empresas se ubican en otros territorios, los profesionales se van y los jóvenes renunciar a emprender.
Fernández ha hecho un alegato en defensa de la clase media, “porque el PP es el partido de la clase media” argumentando que su visión es la generación de oportunidades, la libertad de permitir que los trabajadores puedan prosperar y las rebajas de impuestos que permitan mantener y mejorar los servicios públicos, a diferencia de la concepción que tienen los socialistas, que la ha convertido “en su cajero automático”.
La alternativa de los populares pasa por eliminar la sobrerregulación, el excesivo intervencionismo y el mantenimiento de una estructura administrativa “elefantiásica”. “Queremos una Administración pequeña allá donde sobra y fuerte donde se necesita”, ha resumido, concretando que el esfuerzo debe ir en destinar más recursos para la sanidad, la educación, la seguridad y la dependencia.
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