El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se halla atrapado en una compleja situación política, forzado a ceder constantemente ante las exigencias del secesionismo de Junts per Catalunya. La amenaza de que esta formación le retire el crucial apoyo en el Congreso de los Diputados pende sobre su legislatura. De hecho, algunos medios aseguran que la ruptura ya es un hecho.
El precio del respaldo separatista ha ido subiendo sin control, y la última moneda de cambio es forzar a la Unión Europea para que acepte la oficialidad del catalán. Una exigencia que debilita la posición de España en Bruselas y que demuestra la precariedad del Gobierno del PSOE.
Aún así, ante la presión de sus principales alcaldes para que se aleje del PSOE, Puigdemont ha convocado a sus fieles como excusa para montar una consulta entre los militantes que escenifique la ruptura. Los ediles de Junts creen que con Orriols quitándole votos sin cesar hay que romper ya.
Sánchez ha hecho un esfuerzo de última hora y está intensificando las negociaciones, llegando incluso a dialogar con países como Alemania, tradicionalmente reticente a incluir las lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico comunitario. Todo ello, a raíz de un ultimátum directo de Junts.
La Moncloa se esfuerza en convencer a los socios europeos, pero la oficialidad del catalán no llega. Ni se vislumbra a corto o medio plazo. La urgencia del Gobierno socialista responde al miedo a perder la estabilidad parlamentaria. Junts utiliza su posición de bisagra para obtener réditos políticos a nivel nacional y catalán. Una instrumentalización evidente de la política de Estado. Pero no va a servir de nada.
El auge de formaciones como Aliança Catalana, liderada por Silvia Orriols, que logró dos escaños en las últimas elecciones catalanas pero que los sondeos la sitúan cerca de la veintena, mete presión a los de Carles Puigdemont. Junts busca diferenciarse con gestos de máxima confrontación para no perder terreno ante un electorado que demanda radicalidad. Sánchez, al aceptar el envite, blanquea y legitima estas posturas extremas a nivel europeo.
El pacto con el separatismo – se llame Junts, ERC, Bildu, Compromís o PNV – sigue siendo una losa para el PSOE, que sacrifica los intereses generales de España en un intento desesperado por mantenerse en el poder.Es un ejercicio de funambulismo político insostenible. El PSOE se ha convertido en un mero gestor de las aspiraciones nacionalistas, en lugar de ser garante de la unidad y el marco constitucional.
La legislatura es una rendición constante ante el chantaje. La oficialidad del catalán en la UE no ha sido que una excusa para mantener el pulso político. Junts sabe que el proceso es extremadamente complicado, pero lo usa como palanca para arrancar nuevas concesiones.
Mientras tanto, los problemas reales de los ciudadanos quedan en un segundo plano. La inflación, el desempleo o la calidad de los servicios públicos se desdibujan ante la obsesión por satisfacer a sus socios. Es hora de que el Gobierno de Sánchez ponga fin a esta espiral de cesiones. El Estado de Derecho y los intereses nacionales deben prevalecer sobre la necesidad de conservar el sillón. Ahora que Junts quiere romper, el PSOE tiene la oportunidad de dejar de ser la muleta del separatismo. Es su gran oportunidad de volver a la senda constitucional. Pero el precio ha de ser la dimisión de Pedro Sánchez, y aún así no queda claro si no será ya demasiado tarde.
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