La puesta en escena del reciente acuerdo entre el Gobierno del PSOE y el Govern del PSC sobre la cesión de Rodalies (trenes de cercanías) a la Generalitat tuvo un protagonista exclusivo: Esquerra Republicana, que se ‘lució’ y sacó pecho con el beneplácito socialista. En el acto en el que se explicó el acuerdo a la prensa no estaban en la tribuna, como hubiera sido normal, el ministro de Transporte, Óscar Puente, y su homóloga autonómica, Silvia Paneque.
Las protagonistas fueron Paneque y la secretaria general de Esquerra, Elisenda Alamany, a la que los socialistas le dejaron ‘presumir’ de una cesión entre dos gobiernos socialistas. Y es que el PSC, desde que Salvador Illa llegó a la presidencia de la Generalitat, está intentando resucitar el tripartito de izquierdas para garantizarse la hegemonía en Cataluña durante un largo período de tiempo.
Parecía que el gran escollo iba a ser el conseguir el beneplácito de ERC, dado que buena parte de sus bases considera que el PSC es un «partido del 155» y que colaboró a encarcelar a buena parte de sus dirigentes, por mucho que luego los indultara y amnistiara por razones de pura lógica aritmética en el Congreso. Una cosa es pactar en el Congreso y otra gobernar juntos en Cataluña.
Además, Oriol Junqueras tenía que afrontar unas elecciones a cara de perro, y de hecho aún le quedan los rescoldos, dado que ganó la presidencia, pero los militantes han de votar las ponencias en el Congreso que marcará la línea política a seguir y que se celebrará el 15 y el 16 de marzo en Martorell (Barcelona)
Pero a pesar de estas dificultades, Junqueras está loco por la música. Ha tenido que hacerse el ‘duro’ con los presupuestos de la Generalitat, dado que le queda por rematar la faena consiguiendo que las ponencias que se aprueben en el Congreso sean las suyas. Pero está negociando con los socialistas que aceleren el cumplimiento de lo pactado, para ir facilitando la tarea de acostumbrar a las bases de Esquerra que vale la pena pactar con los socialistas: para ‘ensanchar la base’, mantener a un buen número de cargos colocados que fortalezcan la presencia del partido en el territorio y, sobre todo, para arrinconar definitivamente a Junts.
Con Esquerra parece todo bien encauzado, como se vio con la foto de Paneque y Alamany por el tema de la Cercanías. Pero Ada Colau quiere volver a ser alcaldesa, y ha escogido la vía de la confrontación total con los socialistas para conseguir que el electorado de izquierdas de la capital catalana vea al alcalde Jaume Collboni (PSC) como un monigote dependiente de los fondos buitres, especuladores, banqueros y el gran capital en general.
Y, visto el éxito conseguido con el desgaste aplicado a los socialistas con el ‘caso Casa Orsola’, que obligó al consistorio a pagar un sobreprecio de tres millones de euros, Colau quiere seguir con esta línea. El desgaste va a seguir para el alcalde de Barcelona, y no solo por la compra de Casa Orsola, ya que cualquier situación similar que se cree en otro edificio de la ciudad, si el Ayuntamiento no lo compra, acabará con protestas de los afectados por ser víctimas de un doble rasero.
¿Por qué los inquilinos que vivan en edificios cuyo dueño sea un fondo en Sants, Horta, Sant Martí, Nou Barris o en cualquier otros distrito van a ser menos que los que viven en Casa Orsola? ¿Por qué si Collboni ha cedido en un chantaje no va a seguir haciéndolo? Cada vez que los Comunes, mediante las entidades dedicadas a la agitación que controlan – como el Sindicat de Llogateres – quieran crearle un grave problema de imagen a Collboni solo tendrán que mandar a quinientas personas a un desahucio – como hicieron en Casa Orsola – para exigir que el Ayuntamiento compre el edificio.
Los Comunes han decidido la vía de la confrontación para evitar que les pase lo mismo que a Yolanda Díaz, que Sumar está cayendo en picado en las encuestas, y más por la falta de perfil propio ante los socialistas que por el escándalo causado por el comportamiento de su exportavoz Iñigo Errejón. Hasta el ministro de Cultura, el ‘común’ Ernest Urtasun, ha tirado del presupuesto público para comprar una casa catalogada para dificultar la ampliación del aeropuerto de El Prat, uno de los grandes proyectos del PSC en materia de infraestructuras. Mientras Colau no decida ‘tranquilizarse’ políticamente, la reedición del tripartito de izquierdas parece paralizada.
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