El pasado 19 de julio la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) presentó una petición de información a través del Portal de Transparencia de la Generalitat. Esta petición tenía como objetivo conocer que centros habían participado en el estudio realizado por Plataforma per la Llengua, y si los directores de estos centros habían solicitado permiso a los padres de los menores para poder participar en él.
Esta entidad asegura que «además requeríamos al Departamento la información que Plataforma per la Llengua había facilitado a los centros educativos y a los participantes adultos en el ‘supuesto juego en inglés’ realizado durante las horas de recreo».
La respuesta del Departamento de Educación a la AEB es que «no dispone de ninguna información en relación con el Estudio sociolingüístico a los patios de escuelas e institutos de zonas urbanas de Cataluña, elaborado por la Plataforma por la lengua».
Según la AEB se «deduce por tanto que Plataforma entró en los centros, a realizar un estudio con menores, sin la autorización ni el conocimiento de las autoridades educativas, y por tanto contradice las declaraciones realizadas por los responsables de esta asociación».
Por ello la AEB ha redactado un comunicado en que pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:
«Exigimos la apertura de una investigación de forma inmediata que averigüe como y en que circunstancias se ha producido este estudio que ha vulnerado el derecho a la intimidad de los alumnos (menores de edad) y los profesores que participaron en él.
Solicitamos que se abra un expediente informativo, y en su caso disciplinario, contra los que han autorizado o consentido la elaboración del estudio
Denunciamos la despreocupación e irresponsabilidad del Departament: desde finales de Junio conocía la existencia de un informe, que a todas luces era sospechoso de haberse realizado sin garantías y con menores de edad, y no preguntó a los responsables de los centros por él.
Desde el 18 de julio, fecha de su publicación, y hasta el día de hoy no ha sido
capaz de averiguar que centros han participado en él y en que circunstancias se produjo el ‘estudio’.
Anunciamos que hemos puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo estos hechos y que igualmente informaremos en breve a UNESCO y UNICEF, sobre el espionaje a menores de edad en los centros educativos catalanes.
Reclamamos la intervención de la Alta Inspección de Educación en Cataluña y por tanto del Ministerio de Educación en este tema del que no puede desentenderse, bajo la excusa de que las competencias educativas están transferidas. Velar por los derechos de los alumnos catalanes, menores de edad, es también responsabilidad del Gobierno de España».
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