La Generalitat ha hecho pública su intención de no aplicar, desde el curso 2022-2023, la enseñanza bilingüe en los centros educativos obligados a ello en virtud de una decisión judicial concedida a petición de familias individuales.
Ante esto, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) recuerda que las decisiones judiciales no pueden dejar de ser aplicadas de manera unilateral ni por el Departament d’Educació ni por los directores de los centros, estos últimos, responsables directos de su aplicación. Por ello, se exigirán todas las responsabilidades judiciales en caso de que aquellos alumnos que ya disfrutan de una enseñanza en la que el español es vehicular junto con el catalán, dejen de recibirla.
Seguiremos defendiendo en todas las instancias lo que es un derecho y una exigencia constitucional: que el castellano sea lengua vehicular y de aprendizaje. Y denunciamos la exclusión de éste por parte de la Generalitat de Cataluña.
Ha bastado que concluyera el plazo del que disponía el Gobierno de España para impugnar ante el Tribunal Constitucional, y así paralizar la normativa promulgada en los últimos meses por la Generalitat con el fin de excluir el castellano de las aulas, para que el Consejero de Educación haya concretado aquello que anunciaba desde hace tiempo: las familias que habían obtenido el reconocimiento de una enseñanza en la que el
castellano fuera lengua de aprendizaje, verán también amenazado su derecho como consecuencia del Decreto Ley 6/2022 y de la Ley 8/2022 aprobados en los meses de mayo y junio y no recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España.
El Gobierno de España se ha convertido en cómplice de la exclusión del castellano de las aulas de Cataluña. Una exclusión que no se traduce solamente en la inejecución de la sentencia del 25%, sino que amenaza a las decisiones ya adoptadas y que desde hace años amparaban a varias docenas de familias catalanas. El Gobierno de la Generalitat demuestra con este nuevo pulso a la Justicia y a nuestro estado de derecho, que su objetivo no es otro que excluir al castellano del ámbito educativo y del institucional en general. No hay motivación pedagógica, hay hispanofobia.
No puede ocultarse que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ha priorizado la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanes, optando por una interpretación del mencionado Decreto Ley y de la Ley que beneficiaba a los intereses nacionalistas y desechando aquellas otras que hubieran permitido mantener la vehiculariedad del castellano en las aulas catalanas, ha supuesto un desamparo añadido a las familias.
NOTA DE LA REDACCIÓN DE ELCATALÁN: En estos momentos de crisis y de hundimiento de publicidad, elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo y de denuncia de los abusos secesionistas. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
