La escalada de precios en el mercado del alquiler y la compra en Cataluña no es casualidad, sino el resultado directo de las políticas impulsadas en los últimos años por PSC, ERC y los Comuns, tanto en la Generalitat como en los principales ayuntamientos. La combinación de trabas a la construcción privada y la incapacidad para generar vivienda pública ha reducido la oferta, empujando al alza los precios y dificultando el acceso a la vivienda para miles de familias.
ERC, con Pere Aragonès al frente, aprobó durante su mandato una subida del 8,4% en los precios de compra y alquiler de las viviendas de protección oficial. El impacto fue inmediato: una familia que adquiría una vivienda social de 75 metros cuadrados tuvo que pagar más de 20.000 euros adicionales, y quien alquilaba asumió un sobrecoste de casi 900 euros al año.
El problema se agrava porque el parque de vivienda pública no crece, sino que se reduce. Por cada vivienda protegida que se construye, se pierden cuatro. Solo en 2024, más de 5.000 viviendas dejaron de estar en régimen de protección y cerca de 8.000 están en riesgo de perderla este año. Las promesas de construir 50.000 nuevas viviendas públicas hasta 2030 chocan con esta realidad: las cifras demuestran que el ritmo de pérdida supera con creces al de creación.
En Barcelona, la política estrella de Ada Colau cuando era alcaldesa de obligar a reservar el 30% de las nuevas promociones para vivienda protegida resultó un fracaso. Apenas se concedieron once licencias bajo esta normativa, que se tradujeron en tan solo 52 viviendas en el período 2018-2022. La medida, en lugar de fomentar la vivienda social, desincentivó a los promotores privados y contribuyó a paralizar la construcción en la capital catalana, restringiendo aún más la oferta disponible.
Los controles de precios, presentados como una solución, tampoco han funcionado. La ley catalana de contención de rentas apenas redujo un 5% el precio medio, pero provocó un desplome de la oferta de alquiler de más del 15%. La declaración de zonas tensionadas acentuó esta tendencia, con casi 40.000 pisos menos disponibles en el mercado. Menos oferta y más trabas legales han creado el escenario perfecto para que los precios sigan disparados.
Mientras tanto, Ada Colau trató de proyectar la imagen de adalid del derecho a la vivienda, pero los números la desmienten. Durante su mandato en Barcelona, los precios del alquiler crecieron en torno a un 25% y los de la vivienda en propiedad más de un 30%. Su gestión, lejos de contener el problema, consolidó a la ciudad como una de las más caras de Europa para vivir. Ahora que trata de volver a la política activa, con montajes como el de la ‘flotilla de la libertad’ o su fichaje por TV3, hay que recordar sus nefastas políticas.
La Generalitat, por su parte, ha recurrido a medidas simbólicas como la compra de bloques de viviendas a fondos de inversión para destinarlos a alquiler social. Aunque estos anuncios tienen un fuerte impacto mediático, apenas suponen una gota en el océano del déficit estructural. Con miles de familias sin acceso a una vivienda digna, las operaciones puntuales no logran compensar la falta de una estrategia seria y sostenida.
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