España asiste a un hecho sin precedentes en su historia democrática. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Está siendo juzgado por un presunto delito de revelación de secretos.
El proceso judicial es histórico y expone una profunda crisis de ejemplaridad en la cúpula judicial. Es el primer fiscal general en ser enjuiciado en democracia. Las acusaciones, entre ellas la pareja de la presidenta madrileña – Alberto González Amador – y asociaciones de fiscales, solicitan penas duras. Piden para García Ortiz hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación para cargo público.
El motivo del juicio es la supuesta filtración a la prensa de un correo sensible. En ese mensaje, la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía la comisión de dos delitos fiscales. El auto de procesamiento ya apuntaba a una «actuación coordinada e impulsada personalmente» por el fiscal general. Una acción que, de confirmarse, habría vulnerado derechos fundamentales.
El Partido Popular (PP) ha exigido su dimisión inmediata. Consideran que su continuidad es una «degeneración democrática» y una «corrupción institucional» auspiciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El anterior fiscal general que se enfrentó a un proceso judicial, Eligio Hernández, dimitió antes de la sentencia. Ahora, García Ortiz se aferra al cargo, amparado por el Ejecutivo socialista.
Esta actitud desafiante arrastra al conjunto de la Fiscalía General. La somete a una situación insostenible. Es una anomalía que un subordinado deba acusar a su jefe. La negativa a dimitir proyecta la imagen de un «Fiscal General del Gobierno» antes que del Estado. Su inmovilismo compromete la independencia e imparcialidad del Ministerio Público ante los ciudadanos.
El Gobierno de Sánchez, al mantenerle en el puesto, demuestra un uso político de las instituciones clave. Se socava la credibilidad de un pilar fundamental del Estado de Derecho, todo por mantener el control.
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