La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en el papel que desempeñó el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres —actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática—, en la tramitación de pagos a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro del caso Koldo, por la compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus.
El análisis de las conversaciones entre Torres y Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes bajo el mando de José Luis Ábalos, revela que el presidente canario llegó a intervenir directamente para reclamar los pagos pendientes a dicha sociedad. Estas gestiones, según los investigadores, se produjeron tras la mediación de Koldo, quien actuaba a instancias del empresario Víctor de Aldama.
En su informe, la UCO concluye que los mensajes “permiten constatar el papel que tenía Koldo García”, y añade: “Se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes”.
Para los agentes, estas actuaciones aportarían un nuevo indicio del papel de Koldo en la presunta organización criminal investigada, dado que llegó a contactar con el máximo responsable del Gobierno canario para agilizar la transferencia de dinero a favor de Soluciones de Gestión. El informe también resalta que los hechos reflejan “no solo la influencia de Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes, sino también en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos”.
De acuerdo con las conclusiones de la Guardia Civil, los contratos de material sanitario firmados durante la pandemia “constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo” que Aldama habría estado pagando a Koldo desde, al menos, octubre de 2019. Dicho pago, en palabras de los investigadores, operaba “como una suerte de nómina que permitía la petición de favores” y garantizaba la “capacidad de actuación” de Aldama ante altos cargos del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos.
La UCO subraya que esta red de influencias permitía a Aldama mantener un acceso directo al entorno ministerial y a gobiernos autonómicos, como el de Canarias, lo que plantea interrogantes sobre el grado de conocimiento o permisividad del Ejecutivo que presidía Ángel Víctor Torres en aquellas operaciones.
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