El Ministerio de Justicia ya ha puesto en marcha el engranaje administrativo para indultar a Álvaro García Ortiz. El ex fiscal general del Estado fue condenado el pasado diciembre por un delito de revelación de secretos, un borrón institucional sin precedentes en nuestra democracia.
La maniobra se disfraza bajo una supuesta petición ciudadana. Según fuentes gubernamentales, dos particulares habrían solicitado la medida de gracia, una vía legal que permite al Ejecutivo intervenir sin que el propio condenado lo pida. El Ministerio ha dado el primer paso preceptivo: solicitar un informe al Tribunal Supremo, el mismo órgano que dictó la sentencia de inhabilitación.
La condena de García Ortiz no es una cuestión menor ni una interpretación caprichosa de la ley. El Supremo consideró probado que el ex fiscal filtró datos reservados de un particular, Alberto González Amador, para favorecer el relato político de Moncloa. El uso de instituciones del Estado para atacar a adversarios políticos, en este caso vinculados a Isabel Díaz Ayuso, marca un hito de degradación institucional.
El proceso de indulto requiere ahora que se escuche a todas las partes implicadas. El Tribunal Supremo debe pronunciarse, al igual que la propia Fiscalía y la parte agraviada. Sin embargo, la última palabra reside en el Consejo de Ministros. Es el Gobierno quien, por decreto y tras deliberar en su mesa, decidirá si borra de un plumazo la responsabilidad penal de quien fue su máximo exponente jurídico.
Recordemos que la sentencia impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación, además de una multa económica e indemnizaciones por daños morales. El tribunal fue claro: la filtración del correo electrónico entre el abogado de González Amador y la Fiscalía salió de su entorno inmediato. Esta vulneración de la confidencialidad dinamitó la confianza en una institución que debería ser neutral.
La defensa del ex fiscal sigue aferrada a un incidente de nulidad que aún no ha sido resuelto. García Ortiz insiste en su inocencia y alega que buscaba defender la «credibilidad» de la institución. No obstante, la mayoría de los magistrados del Supremo vieron en su conducta un abuso de poder manifiesto que no puede quedar impune bajo el paraguas de la gestión pública.
La rapidez con la que el Ejecutivo ha tramitado esta petición de particulares resulta, cuanto menos, sospechosa. Mientras miles de ciudadanos esperan años para resoluciones administrativas básicas, el Ministerio de Justicia demuestra una agilidad envidiable cuando se trata de blindar a los suyos. Es la confirmación de que el Gobierno prioriza la lealtad política sobre el rigor judicial.
Este movimiento profundiza la brecha entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Al activar el indulto para un cargo de su libre designación, Sánchez envía un mensaje peligroso: la ley es igual para todos, excepto para quienes sirven fielmente a sus intereses de partido. La independencia de la justicia vuelve a estar bajo el foco de una sospecha constante y fundamentada.
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