El Tribunal Supremo (TS) ha asestado un golpe demoledor al Gobierno. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, ha sido condenado. La sentencia impone una inhabilitación de dos años por un delito grave: la revelación de datos reservados.
El origen de esta condena está en la filtración interesada de un correo contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía filtró información sobre su pareja, Alberto González Amador. Este movimiento buscaba dañar la imagen de la líder popular, en una clara instrumentalización.
La decisión del Alto Tribunal ha sido contundente. El fallo se dictó con una mayoría aplastante: cinco votos a favor de la condena y solo dos en contra. Una desautorización total a la figura del Fiscal General. Además de la inhabilitación, García Ortiz deberá afrontar una importante multa económica. La sentencia le impone el pago de 7.300 euros. Se confirma así la gravedad de su actuación.
La condena incluye también una indemnización a Alberto González Amador. El Fiscal General deberá abonarle 10.000 euros por los daños morales causados. Un reconocimiento explícito al perjuicio personal. El Supremo también ha cargado al condenado con las costas del juicio. Esto incluye incluso las de la acusación particular. Los costes de su operación de desgaste político recaen ahora sobre sus espaldas.
El sentido del fallo se comunicó de forma inmediata al condenado. La sentencia está pendiente de su redacción formal, pero sus efectos son ya inapelables. Se confirma la tesis de que la Fiscalía ha actuado como una herramienta política.
La resolución contará con los votos particulares discrepantes de dos magistradas. Ana María Ferrer García y Susana Polo García han mostrado su disconformidad. No obstante, esto no minimiza la rotunda condena dictada por la mayoría. Este caso pone en evidencia la profunda politización de la Fiscalía General del Estado bajo el mandato de García Ortiz. Se trata de un nombramiento polémico desde el inicio, percibido como un eslabón directo del Gobierno de Sánchez.
La inhabilitación del Fiscal General marca un precedente muy serio. Confirma que la Justicia, aunque tarde, actúa contra la utilización partidista de las instituciones. La Fiscalía debe ser garante de la legalidad, no un ariete político.
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