El Govern de la Generalitat ha formalizado un recurso ante el Tribunal Supremo. La decisión impugna la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Esta sentencia anuló partes esenciales del decreto de régimen lingüístico educativo del gobierno autonómico catalán.
El decreto de 2024 buscaba blindar la posición del catalán. Lo establecía de forma prioritaria como lengua vehicular en las escuelas. La medida del Govern ha sido duramente criticada por el constitucionalismo. La acción judicial fue promovida por la Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB). Este colectivo defiende un modelo educativo donde el castellano tenga una presencia justa. La AEB ha logrado una victoria parcial contra el modelo de inmersión total.
El Govern de Salvador Illa anunció desde el principio su intención de recurrir. Argumentan que priorizar el catalán no debe suponer la exclusión del castellano. Sin embargo, los hechos en las aulas suelen desmentir esta afirmación.
La sentencia del TSJC es muy significativa. Anuló artículos que designaban el catalán como lengua única o prioritaria. Esto incluía su uso en la enseñanza de idiomas extranjeros. También su carácter de única lengua de acogida para alumnos recién llegados.
El recurso ante el Supremo alarga una batalla legal de años. El independentismo insiste en un modelo monolingüe. La Justicia, por su parte, trata de asegurar el cumplimiento de la ley. La Generalitat muestra, una vez más, su desinterés por la convivencia lingüística. El coste político y social de esta confrontación es elevado.
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