La Justicia se acerca al clan Pujol, pero la sombra de la impunidad vuelve a planear sobre el ex president. Jordi Pujol Soley está a las puertas de recibir el alta médica tras un ingreso hospitalario por neumonía. El anuncio llega justo en medio de la controversia sobre su capacidad para ser juzgado por el presunto caso de blanqueo de capitales y asociación ilícita.
El doctor Jaume Padrós, su médico personal y figura cercana al secesionismo, ha sido el encargado de dar la noticia. Padrós, conocido por su militancia política y su rol en el seguimiento de la falsa huelga de hambre de líderes independentistas encarcelados, ha sido categórico.
El médico asegura que Pujol «ya no puede tener una conversación normal». De manera más relevante, afirma que el ex president «no está en condiciones de someterse a ningún interrogatorio». Un blindaje médico que lo alejaría del banquillo de los acusados.
Esta valoración coincide plenamente con los informes presentados ante la Audiencia Nacional. Tres informes de la defensa y el diagnóstico del forense oficial apuntan en la misma dirección. Todos señalan que Pujol presenta marcadores de alzhéimer y múltiples patologías físicas.
El tribunal de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha convocado una comparecencia. Pujol ha sido citado por videoconferencia desde su domicilio, dada su delicada salud. La decisión final sobre si será juzgado pende de un hilo.
El proceso se centrará ahora en el testimonio de los expertos. Los forenses Ángel Cucurella y Xavier Pérez Cuit, junto a un médico de la Audiencia Nacional, deberán ratificar sus informes. Sus conclusiones son la llave que abrirá, o cerrará, el juicio.
Los informes forenses son contundentes. Declaran que Pujol sufre un «trastorno neurocognitivo mayor» de tipo mixto, que es «irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz». Una declaración que anticipa el desenlace.
La conclusión final de los expertos es que el ex president «no está en condiciones físicas ni cognitivas» para comparecer. Tampoco dispone de la «capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente». Una vía de escape legal que ya utilizó su esposa, Marta Ferrusola.
Si el tribunal decreta el sobreseimiento por demencia sobrevenida, se confirmaría un nuevo caso de impunidad política. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, reclama para Pujol nueve años de prisión. Lo acusan de haber ocultado una «ingente cantidad de dinero» en Andorra.
Según la acusación pública, ese capital es fruto de un presunto favorecimiento a determinados empresarios en concursos públicos de la administración autonómica catalana. Una sombra de corrupción que persigue a Convergència desde 1991 y que podría no tener nunca respuesta judicial.
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