El clan Pujol comienza a responder ante la justicia. Finalmente, el expresidente catalán Jordi Pujol Soley deberá asistir al juicio por la fortuna oculta en Andorra. Así lo ha decidido la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional. La decisión inicial deja la puerta abierta a una posible exención posterior, dependiendo de su estado de salud.
Pujol Soley seguirá las sesiones por videoconferencia desde su residencia en Barcelona. No se sentará en el banquillo, pero su presencia virtual es un símbolo relevante. La decisión judicial subraya la seriedad de los cargos que pesan sobre toda la familia.
Quienes sí están en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) son sus siete hijos. También su exnuera y una decena de empresarios. La Fiscalía considera que estas personas fueron esenciales. Los acusa de ayudar a la familia a amasar y ocultar el dinero.
El inicio del juicio ha contado con la comparecencia del histórico líder nacionalista. Tras escuchar a Pujol y a los forenses, el tribunal tomó su determinación. El presidente de la Sala, José Ricardo de Prada, fue claro en su comunicado.
«Se iniciará el juicio en su presencia», declaró De Prada, según fuentes cercanas al proceso. Esto significa que, en principio, el expresidente estará presente en las sesiones. Es una medida de cautela procesal y de garantía judicial.
El tribunal, sin embargo, estableció una condición. Cualquier modificación en su estado de salud podría cambiar el panorama. El tribunal revisará la situación si fuera necesario. Es un resquicio para una posible futura ausencia.
Además, el tribunal ha reservado una decisión clave. Se refiere al momento en que Pujol tenga que declarar de forma activa. Su comparecencia no está prevista hasta, al menos, el mes de mayo del próximo año. La Sala deberá determinar en ese momento si Pujol Soley está en plenas condiciones para testificar. Este punto mantiene la incógnita sobre la participación completa del expresidente. El proceso se antoja largo y complejo.
Este juicio pone de relieve décadas de opacidad en la política catalana. Causa una gran desconfianza ciudadana en las élites. La sombra del enriquecimiento ilícito planea sobre el que fue el máximo dirigente de Cataluña. El caso Pujol es un duro golpe a las bases del nacionalismo. Expone la cara B del poder. Es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, pese a las estructuras de poder tejidas durante años.
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