🔵Ayuso ‘premia’ a la acusación contra el fiscal
Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad#Mañaneros1D https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/vSJuacvnuU
— Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 1, 2025
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido plantar cara a TVE tras la emisión de un rótulo en el programa Mañaneros, presentado por el periodista ‘sanchista’ Javier Ruiz, que insinuaba una relación inexistente entre una subvención pública y una causa judicial contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El mensaje, emitido el 1 de diciembre, afirmaba que la Comunidad “premiaba a la acusación contra el fiscal”, en referencia a una subvención de 43 millones de euros al Colegio de Abogados de Madrid, una interpretación que el Ejecutivo madrileño considera claramente manipuladora.
La reacción no se ha hecho esperar. El Gobierno autonómico ha presentado una demanda contra el espacio de la cadena pública, denunciando el carácter “tendencioso y desinformativo” de ese rótulo. No es la primera vez que TVE es acusada de utilizar sus programas matinales para proyectar un relato político alineado con el Gobierno central, pero el Ejecutivo de Ayuso considera que esta vez se ha cruzado una línea inaceptable.
Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha remitido un comunicado oficial al director del programa, Pablo del Pozo, aclarando punto por punto la realidad de la subvención. Según detalla, los 43 millones destinados al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) forman parte del presupuesto para sufragar la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, competencias que la Comunidad asumió en 2003. No se trata, por tanto, de ninguna recompensa oculta ni de un movimiento político disfrazado.
El consejero también ha recordado que esta financiación no es una novedad: hasta que las autonomías asumieron competencias, estos pagos los realizaba directamente el Ministerio de Justicia, que sigue destinando más de 48 millones de euros a estos servicios en el resto del territorio nacional. Para el Gobierno regional, intentar vincular una partida presupuestaria reglada y obligatoria con la actuación de un fiscal no solo es falso, sino un intento deliberado de “confundir a los ciudadanos”.
Desde el Ejecutivo madrileño denuncian que este tipo de maniobras comunicativas por parte de TVE perjudican tanto al ICAM como a la propia Comunidad, sembrando dudas sobre un servicio público esencial como es la justicia gratuita. En un contexto donde la cadena pública acumula acusaciones de parcialidad, la Comunidad de Madrid interpreta este episodio como otro ejemplo de la deriva editorial de ciertos programas financiados con dinero público.
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