El separatismo gubernamental, para no cumplir las sentencias del 25% en las escuelas y seguir con su plan de supremacismo lingüístico, asegura que la educación seguirá basándose en el monolingüismo en catalán porque hay un «consenso lingüístico» que hay que mantener en Cataluña.
Extraño «consenso lingüístico» es el que excluye a tres partidos con representación parlamentaria en la cámara autonómica catalana (Ciudadanos, Vox y Partido Popular), y que cuentan con veinte diputados y un apoyo cercano al 18% del voto. Un consenso sin el apoyo de una quinta parte del electorado, no es un consenso, es otra cosa.
Máxime cuando el PSC empieza a matizar su apoyo a la inmersión lingüística para mantener los votos que ha recuperado en febrero de 2021 provenientes de Cs, y que se le fueron en el 2017 — recordemos la abrumadora victoria de Inés Arrimadas en esas autonómicas — precisamente por cuestiones como el apoyo incondicional de los socialistas a la inmersión.
No hay consenso, lo que hay es una violencia simbólica inmensa por parte del separatismo para que centenares de miles de padres renuncien a los derechos lingüísticos de sus hijos para no meterles en problemas, para que no les señalen en el patio, para que los profesores no cuchicheen a su paso, para que no les estigmaticen. Eso no es un «consenso lingüístico», eso es totalitarismo típico de partidos como ERC, Junts o la CUP.
Cuando hablan de «consenso» el separatismo advierte que si quieres ser catalán has de tragar con su modelo lingüístico. Por eso es «consenso», porque el que no lo apoya pierde inmediatamente la condición de ciudadano catalán para convertirse en un «colono», un «botifler» o un «inadaptado». En resumen, en un «facha» que ya no cuenta para los «consensos». O conmigo o contra mí, es su lema, y te dicen que «si vas contra mí, te procuraremos la muerte civil» y la violencia simbólica de sus bandas de la porra. Y todo con ello ante la inacción de los sucesivos Gobiernos centrales, el de ahora, y los de antes.
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