La situación lingüística en las aulas de Cataluña lleva años generando un intenso debate que trasciende lo académico y se adentra en el terreno de los derechos fundamentales. Hoy más que nunca resulta necesario recordar que el español, lengua materna de millones de ciudadanos en Cataluña y lengua oficial en todo el territorio nacional, debe recuperar su condición de lengua vehicular en el sistema educativo. No se trata de un enfrentamiento entre idiomas, sino de garantizar que ningún niño vea limitado su desarrollo educativo por motivos lingüísticos.
Durante décadas, el modelo de inmersión exclusivamente en catalán ha marginado progresivamente al español, relegándolo a un papel residual en el currículo. Esto ha provocado que muchos alumnos castellanohablantes inicien su escolarización con una desventaja evidente, teniendo que adaptarse desde los primeros cursos a un entorno que ignora su lengua familiar. Esta situación vulnera el principio de igualdad de oportunidades y supone una forma de discriminación que no puede normalizarse.
Además, privar a los niños catalanes del uso vehicular del español limita su dominio de esta lengua en los registros formales, académicos y profesionales. Saber hablar español de forma coloquial no es suficiente para desenvolverse con soltura en la universidad, en oposiciones o en el mercado laboral internacional. Para ello se requiere una formación completa y sistemática que solo puede garantizarse si el español tiene presencia real como lengua de enseñanza.
El español es una de las lenguas más habladas del planeta y una herramienta de proyección social y cultural de primer orden. Dominarla con precisión gramatical, léxica y expresiva es una ventaja competitiva que ningún sistema educativo responsable debería negar a sus alumnos. Cataluña no puede permitirse que generaciones enteras salgan de sus aulas sin un dominio pleno de una lengua que les abre las puertas de todo el planeta.
Garantizar los derechos lingüísticos de los niños castellanoparlantes no significa arrinconar el catalán, sino promover un verdadero bilingüismo integrador. La convivencia lingüística es posible y deseable, y de hecho representa mucho mejor la realidad social catalana que un modelo monolingüe forzado. Introducir el español como lengua vehicular no resta, suma, y permite que todos los alumnos, con independencia de su lengua materna, se formen en igualdad de condiciones.
El actual desequilibrio no solo perjudica a los castellanohablantes, sino que también priva a los catalanohablantes de una educación completa en español. Muchos terminan la etapa escolar sin el nivel de competencia escrito y oral que se exige en contextos formales. Esta carencia se traduce en dificultades reales a la hora de redactar informes, superar pruebas oficiales o competir en entornos laborales donde se valora la corrección lingüística.
Por ello, urge un cambio de rumbo que sitúe el interés educativo y el respeto a los derechos por encima de la utilización política de las lenguas. La escuela debe ser un espacio de aprendizaje, no un campo de batalla ideológico. Incorporar el español como lengua vehicular, junto al catalán, sería un paso valiente y necesario para reconciliar el sistema educativo con la realidad social de Cataluña.
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