Puigdemont mantiene a Sánchez en el poder a cambio de cuotas de poder y favores políticos

Carles Puigdemont es plenamente consciente de que Pedro Sánchez no podrá cumplir con las grandes promesas que sirvieron de base para la investidura: la amnistía total sin fisuras, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y, mucho menos, un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Sin embargo, lejos de romper con el Gobierno, el expresidente fugado ha optado por una estrategia más rentable: mantener a Sánchez en la Moncloa mientras obtiene concesiones menores pero estratégicas, que refuerzan el poder de Junts dentro del Estado y consolidan su influencia en ámbitos clave.

El Gobierno de Sánchez, necesitado de cada voto para sobrevivir en un Congreso fragmentado, se ha convertido en un rehén político. Y Puigdemont lo sabe. Aunque sus aspiraciones históricas están lejos de materializarse, el líder de Junts no necesita grandes victorias para sacar rédito político. Le basta con chantajear al Ejecutivo socialista en cada votación importante para conseguir posiciones de poder para sus afines, logrando así una infiltración progresiva en las instituciones del Estado.

Por ejemplo, el nombramiento de Miquel Calçada como miembro del consejo de administración de RTVE, una figura afín al nacionalismo catalán que ha defendido postulados separatistas. Este movimiento, lejos de ser anecdótico, forma parte de una estrategia calculada para asegurar que los órganos de comunicación públicos sean sensibles —cuando no directamente favorables— al relato secesionista, incluso desde plataformas estatales. O al ex eurodiputado y ex consejero de la Generalitat Ramón Tremosa en AENA.

Otro ejemplo revelador es la incorporación de Eduard Gràcia, economista vinculado a la órbita de Junts, en el consejo de administración de Renfe. Un puesto clave que, aunque pueda parecer técnico, permite tener acceso a información estratégica sobre infraestructuras, inversiones y planificación ferroviaria. De esta forma, Junts sigue ganando peso en sectores fundamentales, incluso mientras el procés independentista permanece en una aparente pausa táctica.

Elena Massot, exdiputada de Junts, ha sido designada como consejera en Enagás, otra empresa estratégica. Con estos movimientos, el partido de Puigdemont ha logrado colocar a varios peones en los principales tableros del poder institucional español, a cambio de no desestabilizar al Gobierno de Sánchez. La política del chantaje silencioso ha sustituido a la confrontación abierta, pero el objetivo sigue siendo el mismo: fortalecer el independentismo desde dentro.

La debilidad del PSOE y su obsesión por conservar la presidencia a cualquier precio han abierto la puerta a estas concesiones. Lejos de plantar cara al separatismo, Sánchez ha optado por una política de cesión continua, dejando al margen cualquier principio ideológico o institucional. El resultado es un Gobierno que ha perdido autoridad moral y que depende de los dictados de un partido que no cree en el Estado al que pertenece. Y estos peones de Puigdemont facilitarán que empresarios se acerquen a la órbita de Junts.

Para Puigdemont, esta situación es ideal. No necesita regresar de inmediato ni consumar una ruptura con España a corto plazo. Le basta con mantener vivo el relato del agravio, alimentar a su electorado con gestos simbólicos y, sobre todo, seguir acumulando poder en organismos que antaño le eran hostiles. El separatismo ha entendido que, mientras el PSOE esté dispuesto a pagar el precio, no hay necesidad de precipitar un nuevo conflicto.

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