Recientemente el Consell de l’Advocacia Catalana, que reúne a los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, ha hecho público un comunicado oficial sobre la Sentencia del Tribunal Supremo (Causa especial 20907/2017) derivada del conocido como «juicio del procés».
Como jurista, al leer este comunicado, he evidenciado esta tendencia que tenemos los abogados de decantarnos en nuestros fundamentos jurídicos hacia las tesis del que nos contrata, o sea de nuestro cliente. Esto quiere decir que sobre un mismo asunto tenemos la capacidad mimética de decir que una cosa es blanca o es negra, dentro de una amplia gama de grises.
Esta forma de actuar es justificable dentro de los parámetros que nos impone el derecho de defensa de nuestro cliente, pero este tipo de decantaciones interesadas y de parte, deberían de quedar al margen cuando un abogado se pronuncia en nombre de una institución colegial, que nos representa a todos los abogados.
El comunicado oficial del Consejo de la Abogacía Catalana, en vez de un comunicado oficial, como era de esperar de esa institución corporativa, parece un dictamen contratado por la Generalitat, porque se posiciona descaradamente a favor de las tesis de los golpistas, que ahora están en la cárcel o huidos de la justicia en paradero conocido.
Para empezar dice que la sentencia del Tribunal Supremo es severa y desproporcionada. La verdad no sé a qué se refieren con esta afirmación ¿Acaso se debería penalizar un golpe de Estado en toda regla y una proclamación de una república, con una multa o con unos arrestos de fin de semana? ¿Acaso no saben los abogados del Consell, que en Europa este tipo de delitos tienen aparejadas penas más graves? Por no hablar de los países africanos o asiáticos, en los que se penaliza la rebelión y la sedición con cadena perpetua o la pena de muerte. Los abogados del Consell también deberían repasarse el derecho romano y aquel aforismo que dice «dura lex, sed lex» -la ley es dura pero es ley-.
Luego nos vuelven con la consabida cantinela de que «la ley debe de estar al servicio del progreso de la ciudadanía y su voluntad libremente expresada». Esto supone poner el carro por delante de los bueyes, porque la ley es producto siempre de la voluntad de la ciudadanía, y si partimos de la premisa de que las leyes superiores surgen del Congreso de los Diputados, lo que no se puede hacer es lo que dice el Consell, y lo que han hecho los sediciosos ahora condenados, que es anteponer una supuesta voluntad popular abrogada por ellos, por encima de la ley y de la Constitución.
El comunicado también expresa textualmente «que volem transmetre l’escalf a tots els condemnats i les seves famílies». Pues el Consell podrá dar su «escalf» o su calor a quien le dé la gana, pero a bien seguro que somos miles los abogados catalanes que no queremos dar calor a esos presos condenados. De hecho en este momento yo mismo tengo varios clientes ingresados en prisión por diversos delitos, y les aseguro que nadie les da «escalf» salvo sus familias ¿Acaso insinúa el Consell que hay presos de primera y presos de segunda? ¿Unos a los que se les debe de dar apoyo, y a los otros que no merecen ninguna consideración?
Luego refiriéndose a los abogados de los condenados, pertenecientes todos ellos a colegios de abogados de Cataluña, hace énfasis en el valor del trabajo que han desempeñado durante las sesiones del juicio oral. Con esta alabanza el Consell de l’Advocacia Catalana vuelve a olvidar que los abogados tanto podemos actuar como defensa, defendiendo a los justiciables, o como acusación defendiendo a las víctimas.
En el juicio del procés había doce personas sentadas en el banquillo, acusadas de delitos muy graves, perpetrados contra más de cinco millones de catalanes, que no estábamos de acuerdo ni con su referéndum, al que no fuimos a votar, ni con su proyecto de independencia. Pues señores del Consell, tengan ustedes presente que actuando como acusación particular, y defendiendo los intereses de todos los españoles, incluidos esos más de cinco millones de catalanes, había tres abogados de Vox, y uno de ellos el señor Joan Cremades está colegiado en el Colegio de Barcelona, y por lo visto el Consell se ha olvidado de él.
Más adelante en su comunicado, o mejor dicho en su panfleto, el Consell de la Advocacía Catalana afirma en un todo amenazante, que desconocen el impacto que tendrá la sentencia en la sociedad, y que el respeto a la ley no excluye el derecho a la libertad de expresión y a la protesta cívica o pacífica. Parece mentira que en este artículo un jurista tenga que explicar cosas tan elementales, como el hecho de que cuando un juez redacta una sentencia, debe de limitarse a aplicar la ley, dejando al margen una hipotética repercusión social de su sentencia. Si esto fuera así, y los jueces se dejasen llevar por estos criterios sociológicos y subjetivos, las sentencias nunca condenarían a lobbys, grupos de presión, sindicatos o colectivos.
Nuevamente en el derecho romano encontramos la definición de este dilema, cuando sus magistrados antes de dictar una sentencia que perjudicaba a una persona o personas muy importantes, o al mismo Estado romano, pronunciaban la frase: «fiat iustitia el ruat caelum -que se haga justicia aunque se caiga el cielo-«.
Juan Carlos Segura Just
Doctor en derecho.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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