España asiste, entre la perplejidad y la indignación, al último y más ambicioso movimiento de Pedro Sánchez para colonizar los resortes del poder que aún escapaban a su control. Bajo el eufemismo de la «soberanía estratégica», el Ejecutivo ha diseñado un fondo soberano de 10.500 millones de euros que aspira a movilizar una cifra astronómica: 120.000 millones. No nos engañemos; tras la fachada del impulso tecnológico se oculta una operación de asedio al sector privado sin precedentes en nuestra democracia, destinada a convertir el Ibex 35 en una sucursal de Ferraz.
La deriva intervencionista de este Gobierno ha perdido ya todo pudor. Tras el asalto a las instituciones —del Tribunal Constitucional a la Fiscalía, pasando por EFE o el CIS—, el sanchismo fija ahora su objetivo en el corazón financiero de la nación.
El precedente de Telefónica, donde el Estado entró como un elefante en una cacharrería para asegurar colocar a un fiel al PSC, Marc Murtra, en la presidencia, es el espejo donde se mira este nuevo artefacto financiero. Sánchez no quiere socios, quiere vasallos; no busca estabilidad, busca control.
Resulta escandaloso que, en una nación asfixiada por la deuda y con una presión fiscal récord, el Gobierno pretenda jugar a los banqueros con el dinero de los contribuyentes. El fondo «España Crece» no es más que una herramienta de ingeniería política para regar con fondos públicos proyectos afines y, lo que es más grave, para colocar a la legión de partidarios y exministros que aguardan su retiro dorado en los consejos de administración. Es el capitalismo de amiguetes elevado a la categoría de razón de Estado.
El peligro de esta maniobra es doble. Por un lado, dinamita la seguridad jurídica y la libertad de empresa, enviando un mensaje letal a los inversores internacionales: en la España de Sánchez, la propiedad privada está supeditada al capricho del gobernante. Por otro, distorsiona la competencia al privilegiar a aquellas compañías dispuestas a plegarse a las directrices de Moncloa. Es el regreso al modelo de los polos de desarrollo de infausta memoria, donde la eficiencia económica era secundaria frente a la lealtad al régimen.
La izquierda española, instalada en una soberbia que desprecia los mecanismos del libre mercado, parece ignorar que la verdadera soberanía nacional se construye con empresas fuertes, independientes y competitivas, no con entes tutelados por el poder político. Este fondo es una nacionalización encubierta que busca blindar a Sánchez frente a cualquier contrapoder económico.
Ante este atropello, la sociedad civil y los sectores productivos deben reaccionar antes de que el intervencionismo convierta a nuestras grandes corporaciones en meros apéndices de un Gobierno que solo sabe mandar obedeciendo a su propia ambición.
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