Bajo el manido paraguas de la protección a la infancia, Pedro Sánchez ha vuelto a exhibir su faceta más intervencionista este domingo en Ponferrada (León). Lo que en cualquier democracia consolidada se entendería como un debate sobre la seguridad digital, en manos del líder socialista se transforma en una amenaza explícita de censura. Al señalar directamente a Vox y a los que denomina «tecno-oligarcas», el presidente confirma que su verdadera obsesión no es el bienestar de los menores, sino el control del relato en el único espacio que todavía no domina por completo: las redes sociales.
La retórica del «discurso de odio» se ha convertido en el comodín perfecto para que el Ejecutivo decida qué opiniones son legítimas y cuáles deben ser suprimidas. Sánchez no oculta ya su intención de meter la mano en los algoritmos para frenar el avance de opciones políticas que cuestionan su gestión. Es un movimiento peligroso que busca silenciar la crítica bajo una capa de moralismo institucional, tratando a los ciudadanos como menores de edad que necesitan la tutela constante de la Moncloa para navegar por internet.
Llama la atención que estas proclamas sobre la «dignidad» y la «seguridad» se realicen en un mitin celebrado en la Térmica Cultural, un edificio sobre el que pesan advertencias de seguridad física real. Esa metáfora define a la perfección el sanchismo: dar lecciones de protección pública mientras se ignoran los riesgos tangibles que tiene delante. La urgencia por «quitar las manos sucias» de los móviles de los niños parece ser, en realidad, una urgencia por poner las manos del Estado en el flujo de información digital.
El presidente intenta desvincular esta ofensiva de la lucha partidista apelando al «sentido común», una estrategia habitual para desarmar cualquier oposición razonable. Sin embargo, vincular la protección del menor con la eliminación de discursos políticos concretos es un salto cualitativo que debería encender todas las alarmas. No se busca proteger la inocencia de los jóvenes, sino asegurar que solo reciban los mensajes que el Gobierno considera adecuados, limitando la pluralidad que define a una sociedad libre.
La carga contra las plataformas tecnológicas y sus propietarios busca crear un enemigo externo, un «monstruo» al que culpar de los fracasos de comunicación del PSOE. Para Sánchez, si los jóvenes no compran su discurso, no es por falta de gestión o por el cansancio social, sino por una suerte de manipulación masiva orquestada desde Silicon Valley. Esta visión conspiranoica es la excusa perfecta para legislar contra la libertad de expresión y dotar al Gobierno de herramientas de vigilancia sin precedentes.
Sánchez confunde, de nuevo, la seguridad con el control. Proteger a un menor no implica apagar las voces que resultan incómodas al poder ejecutivo. Si el PSOE tuviera tanta confianza en su proyecto, no necesitaría silenciar a sus rivales en las redes sociales. La democracia se basa en el contraste de ideas, por muy duras o críticas que estas sean, y no en la creación de un ecosistema digital estéril y tutelado por el partido de turno.
Esta maniobra en Ponferrada no es más que el inicio de una campaña para justificar futuras restricciones legales que afectarán a todos los usuarios, no solo a los menores. Al marcar el terreno con la etiqueta del «odio», el Gobierno prepara el camino para que cualquier crítica feroz a su gestión pueda ser eliminada por los canales oficiales. Es el sueño de cualquier autócrata: un espacio público donde la disidencia sea técnicamente imposible de propagar.
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