La situación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero ha dinamitado las defensas del socialismo patrio. La Audiencia Nacional investiga al expresidente por liderar una supuesta red criminal de tráfico de influencias. El magistrado José Luis Calama sospecha que actuó como el gran conseguidor del rescate público a la aerolínea chavista. Un revés insólito que fulmina la superioridad moral de la que presume Ferraz.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado activando la habitual maquinaria de contención de daños. El aparato del PSOE intenta blindar al exlíder apelando a una forzada presunción de inocencia. Sin embargo, la confianza ciega de la dirección socialista choca frontalmente con el sentir de la calle. Las excusas del partido ya no convencen a los ciudadanos españoles.
El expresidente deberá declarar como investigado ante la justicia a mediados del mes de junio. Su paseíllo judicial se producirá en un ambiente de absoluta hostilidad por parte de la opinión pública. Zapatero prometió dar explicaciones inmediatas ante los medios de comunicación tras estallar el escándalo. Una promesa incumplida que incrementa la sensación de impunidad y opacidad.
El veredicto de la sociedad civil es implacable y no admite interpretaciones optimistas para la izquierda. Una encuesta de urgencia elaborada por el gabinete GESOP revela el hundimiento de la imagen del exmandatario. Casi tres cuartas partes de la población le atribuyen una implicación directa en la trama. Los ciudadanos culpan abiertamente al referente socialista del millonario rescate a la compañía aérea.
El estudio demoscópico arroja datos demoledores para la credibilidad de las siglas de la Moncloa. Un claro treinta y ocho por ciento de los encuestados afirma sin ambages la culpabilidad del político. La contundencia de las respuestas demuestra el hartazgo generalizado ante los reiterados casos de presunta corrupción. La ciudadanía exige responsabilidades políticas ante indicios penales de extrema gravedad.
La desconfianza se extiende de forma transversal entre la mayor parte del censo electoral. Otro treinta y cinco por ciento de los ciudadanos considera probable la autoría del expresidente en el fraude. Sumados ambos bloques, el rechazo social supera ampliamente los dos tercios del país. Un clamor popular que el Palacio de la Moncloa no podrá silenciar con argumentarios partidistas.
El porcentaje de españoles que mantiene un mínimo de fe en el exlíder es residual. Apenas un diez por ciento de la población otorga el beneficio de la duda al investigado. El sesgo de protección hacia las figuras de la izquierda tradicional se desmorona por momentos. El peso de los datos judiciales sepulta la narrativa victimista empleada habitualmente por Ferraz.
La inmunidad de la que gozaba el antiguo presidente del Gobierno parece haber llegado a su fin. Solo un ínfimo cuatro por ciento de los participantes defiende con total rotundidad su inocencia. Un apoyo marginal que se reduce a los sectores más radicalizados y fieles del sanchismo. La realidad penal ha desarmado los mitos creados en torno a su figura.
La Audiencia Nacional mantiene la lupa sobre los movimientos financieros del entorno familiar de Zapatero. Las sospechas de blanqueo de capitales y el cobro de comisiones ilegales marcan el calendario político. El caso Plus Ultra ya no es un simple debate parlamentario sobre conveniencia económica. Se trata de un grave asunto penal que salpica la cúpula histórica de la izquierda.
El próximo mes de junio medirá el impacto real de este terremoto en las bases socialistas. El expresidente acudirá a los juzgados desprovisto de la credibilidad que una vez ostentó. La estrategia de distracción del Ejecutivo de Sánchez difícilmente podrá frenar el desgaste electoral. La opinión pública española ya ha dictado su particular sentencia política sobre el caso.
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