El archivo provisional del espionaje político en Cataluña

No salgo de mi asombro tras haber conocido la resolución del Juzgado de Instrucción nº 22 de Barcelona por la que se acuerda el sobreseimiento libre archivando sin más trámite las querellas y denuncias interpuestas por quiénes hemos sido presuntamente víctimas de espionaje en Cataluña, en nuestra condición de defensores de la legalidad constitucional y del Estado de Derecho, tras comprobarse que, posiblemente, hemos sido vigilados y controlados por agentes de la policía autonómica catalana, siguiendo instrucciones de sus responsables políticos.

En un Auto judicial que pretende tener en exceso carácter pedagógico, se contienen razonamientos y expresiones incompatibles con el respeto a la libertad, a los derechos fundamentales y a la propia honorabilidad de quiénes hemos asumido responsabilidades políticas o se han significado públicamente en la defensa de la democracia, y eso es inadmisible.

Así, puede leerse que lo que el Juez considera una investigación policial legítima y ajustada a la ley, se hizo por parte de los Mossos d´Esquadra en un “momento social de especial vulnerabilidad”, para obtener el máximo de información sobre la actuación de personas que por su significación sociopolítica pudieran en un momento especialmente vulnerable, devenir autores o partícipes en incidentes con afectación del orden público, reconociendo no obstante el proveyente que eso supuso una afectación a la intimidad de las personas investigadas.

Esta afirmación deja por los suelos la consideración pública de quiénes como yo, Diputado entonces a la sazón en el Parlament de Cataluña, asumimos también en la calle el compromiso de denunciar en marzo de 2017 la inminencia del golpe al Estado que se estaba gestando en Cataluña por los líderes separatistas hoy en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión y otros.

Y lo hicimos en el ejercicio legítimo del derecho de manifestación recogido en el artículo 21 de la Constitución, del que ahora se hace una interpretación rayana en lo delictivo por parte de un togado, al deslizar que los que allí nos congregamos podíamos ser unos alborotadores creadores de incidentes que alteraran la paz social y el orden público.

Resulta inaudito y desacredita una resolución judicial criticable por tan grave conclusión y que ya ha sido convenientemente recurrida a fin de enmendar tal atropello a la libertad y el ejercicio democrático de nuestros derechos fundamentales, precisamente en un momento en el que, desde el poder político de la Generalitat de Cataluña, se pretendía hacer quebrar la Constitución, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica.

La indignación, el desasosiego y la indefensión que manifiesto son absolutas porque resulta incomprensible que, si como dice el juzgado, la actuación policial fue adecuada, ¿cómo se entiende que la Policía Nacional impidiera que toda esa documentación fuera a ser destruida en la incineradora del Besós por los Mossos d´Esquadra tras ser interceptados en vehículos no logotipados? ¿Qué tenían que ocultar y qué tenían que temer?

Estas preguntas no se las ha hecho el Juez y son suficientemente razonables como para desmontar una resolución incompatible con la Justicia y el Derecho.

Para los que a pesar de las dificultades seguimos creyendo firmemente en las reglas de juego que nos hemos dado y reconociendo la dureza del golpe recibido, luchar contra el desamparo y la injusticia es nuestra razón de ser.

Eso me lleva a perseguir y confiar a través del recurso ya presentado a obtener de la Audiencia de Barcelona una decisión rectificadora del desatino de un pronunciamiento judicial de primera instancia que tras la lectura de estas líneas el propio juzgador en la instancia debiera rectificar “motu propio”.

A pesar de las dificultades y de la decepción, asumo que así funciona el Estado de Derecho y la democracia y siempre estaré de su lado.

Sergio Santamaría


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