Durante demasiado tiempo se han permitido espacios de impunidad en Cataluña en los que un grupo de violentos amenazan y amedrentan a todos aquellos que no son de su agrado. La Universitat Autònoma de Barcelona es uno de esos lugares fuera de la ley, en los que unos matones han decidido aplicar un particular Estado de excepción en el que la libertad de expresión no está permitida.
Societat Civil Catalana, y sobre todo las juventudes de esta entidad cívica, han intentado organizar diversos actos en el que debería ser un espacio de diálogo e intercambio de ideas, la UAB, y se ha encontrado con unas autoridades académicas que no han defendido con firmeza el respeto a expresar las opiniones y que han permitido la existencia de pintadas ofensivas en contra de aquellos catalanes que defienden la Constitución y la buena convivencia entre los catalanes y el resto de españoles.
Gracias a esa flaqueza de espíritu de las autoridades de la UAB unos “patriotas” han decidido durante años quién podía hablar y quién no. Y estos agresores decidieron que SCC, una asociación democrática ejemplar, no tenían cabida. Por suerte la Fiscalía se ha puesto las pilas y ha considerado que el ataque de personas vinculadas al secesionismo a miembros de una entidad constitucionalista puede tener un reproche penal debido a la “discriminación ideológica”.
La petición de tres años de cárcel y 5.400 euros de multa a tres miembros del SEPC por parte de la Fiscalía ha de servir para acabar con la impunidad de los violentos. Ojalá el equipo rector de la UAB también se ponga las pilas para que una institución académica que debería facilitar el diálogo deje de ser un ejemplo de intolerancia y de totalitarismo.
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