Comprendo que haya personas a las que les cueste aceptar que se suprima el delito de sedición de nuestro Código Penal. Es lógico que sientan un cierto desasosiego. Ocurrió lo mismo cuando el Gobierno indultó a los líderes del procés. “Fastidia y mucho que esa gente que violó la convivencia en Cataluña y nos puso a los pies de los caballos se vayan de rositas”, debieron pensar muchos ciudadanos de buena fe y no les faltaba razón. No obstante, el tiempo ha demostrado que la medida de gracia, además de producir un efecto balsámico, fue un acierto.
Más allá de alguna bravuconada como el “ho tornarem a fer”, nada de nada. Por cierto, el individuo que dijo eso del “ho tornarem…”, pocas semanas después de ser indultado y salir de la cárcel, se largó a Suiza, “para defender la república”, según sus propias palabras. ¡Hay que joderse!, que diría un cachondo mental al ver esa pachanga, disculpen ustedes el exabrupto.
En todo este lío, son muy importantes los datos que nos facilitan el CEO y el ICPS. Según unos estudios recientes, el respaldo a la independencia dibuja una línea muy en sintonía con la intensidad de los acontecimientos. El beneplácito al secesionismo se impuso con claridad a partir del 2017 y empezó a perder fuelle en junio del año siguiente, tras el relevo en el Gobierno central.
De hecho, el rechazo a la secesión ya es mayoritario desde julio del 2019, después de la victoria electoral del PSOE, y solo registra una leve inflexión tras la sentencia de noviembre de ese año, cuando entre partidarios y contrarios a la ruptura con España se produce un empate técnico. Y la ventaja de los opuestos a la secesión se acentúa a partir de mediados del 2020, de forma muy pronunciada a partir de los indultos del 2021.
Opino que deberíamos quedarnos con ese último dato.
En la antigua Roma, hizo fortuna le expresión “divide et impera”, en nuestra civilización se ha traducido como divide y vencerás. No sé si esa era la intención del Gobierno cuando planteó la reforma del Código, pero, desde luego, la iniciativa está produciendo un fuerte efecto de fractura entre las huestes secesionistas.
Nadie esconde que entre las filas independentistas hay facciones irreconciliables. La derogación del delito de sedición ha ahondado aún más la fractura entre esos sectores. La modificación del Código Penal ha generado entusiasmo en ERC, porque viene a confirmar el acierto de los republicanos al apostar por el diálogo. En el otro rincón se sitúan Junts per Catalunya y la CUP que opinan todo lo contrario porque se han visto excluidos o auto excluidos de los cenáculos en los que se toman decisiones.
El desencuentro es tal entre unos y otros que la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que lleva tiempo enfrentada a Pere Aragonés, ha convocado para el día 6 de diciembre una manifestación en contra de la reforma. En su opinión, la supresión de la sedición y la creación del delito de desórdenes públicos agravados tiene “el doble objetivo no disimulado” de castigar la movilización independentista en las calles y penalizar “más cómodamente hechos como los del 1-O por ocupar instalaciones o edificios”.
Por su parte Òmnium, que ahora juega un papel un poco más moderado, ha manifestado que “está conforme con la desaparición de la sedición del Código Penal”, pero avisa de que el nuevo delito de desórdenes agravados puede poner en peligro el derecho a la protesta y criminalizar la disidencia política.
Sin hoja de ruta, con un Govern en minoría muy minoritaria que solo puede aguantar si se apoya en la muleta del PSC, con serias divisiones internas y la moral de la tropa por los suelos, el independentismo se está preparando para entonar el canto del cisne, pero atención, la agonía será lenta y larga. Y, sobre todo, procuremos no echar gasolina al fuego porque los rescoldos son importantes y se pueden reavivar en cualquier momento.
Bernardo Fernández
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